
El Instituto del Deporte Chaqueño afrontará el ejercicio 2026 con una importante limitación financiera luego de que se trasladara al nuevo presupuesto una deuda cercana a los 100 millones de pesos, generada por contrataciones directas realizadas durante 2025 y no registradas en tiempo y forma.
La situación fue formalizada mediante una resolución firmada por el presidente del organismo, Fabio Vázquez, y impacta de manera directa en la disponibilidad de recursos para el funcionamiento operativo del instituto durante el nuevo año.
De acuerdo con los datos del Presupuesto 2026, aprobado por la Ley N.º 4194-F, el monto asignado para bienes y servicios asciende a 230 millones de pesos. Sin embargo, la deuda acumulada del período anterior alcanza los 99.454.460 pesos, lo que representa aproximadamente el 43,48% del total disponible para el ejercicio en curso.
Esto implica que, antes de iniciar la ejecución presupuestaria, casi la mitad de los recursos ya se encuentran comprometidos, condicionando la capacidad de gestión del organismo.
Según surge de la información administrativa, la totalidad de los gastos trasladados corresponden a contrataciones directas de bienes y servicios habituales, como transporte, catering, seguros e indumentaria, rubros que forman parte del funcionamiento cotidiano del organismo y que, por su naturaleza, deberían haber sido planificados con anticipación.
En este contexto, la acumulación de deuda no responde a situaciones excepcionales o imprevistas, sino a compromisos que debieron ser contemplados dentro de la planificación presupuestaria del año anterior.
El impacto de esta situación se traduce en una menor disponibilidad de recursos para la ejecución de programas, actividades deportivas y políticas públicas durante 2026, afectando la capacidad operativa del instituto y reduciendo su margen de acción.
La gestión actual, encabezada por Fabio Vázquez y Gabriel Pellegrini, queda así en el centro de las observaciones en torno a la planificación financiera del organismo, en un escenario donde la deuda heredada condiciona significativamente el desarrollo del nuevo ejercicio.
En términos de administración pública, el caso expone una dificultad en la previsión y organización de los recursos, dado que una porción sustancial del presupuesto ya se encuentra comprometida antes de su ejecución, limitando la posibilidad de ampliar programas o responder a nuevas demandas.