El sistema de salud vinculado al PAMI atraviesa una situación crítica que encendió alarmas en todo el país. Clínicas privadas, farmacias y autoridades locales denunciaron un fuerte desfinanciamiento que estaría afectando la atención de millones de jubilados, en medio del programa de ajuste impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.
Según referentes del sector sanitario, la falta de pagos por parte del PAMI durante marzo generó un efecto inmediato: clínicas que reducen prestaciones, suspensión de servicios clave y creciente derivación de pacientes al sistema público. “La situación es terminal”, advirtieron desde el ámbito de la salud, donde incluso alertan sobre un escenario más complejo de cara al invierno.
Uno de los datos más preocupantes es la interrupción en la provisión de insumos críticos, como prótesis de cadera, debido a deudas acumuladas. A esto se suma el retraso en los pagos a prestadores, que en algunos casos supera los tres meses, poniendo en riesgo la continuidad de la atención.
El impacto también alcanza a las farmacias, que denunciaron una deuda millonaria por medicamentos ya entregados. El retraso en los cobros, combinado con la necesidad de pagar a proveedores en plazos más cortos, generó un fuerte endeudamiento del sector y dificultades para reponer stock, lo que podría derivar en faltantes generalizados.
En paralelo, intendentes y autoridades provinciales advirtieron sobre un aumento significativo en la demanda de atención en hospitales públicos. El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, calificó la situación como una “tragedia humanitaria y sanitaria” y aseguró que el sistema local está al límite por la llegada masiva de afiliados sin cobertura efectiva.
Este traslado de pacientes genera un fuerte impacto en las finanzas municipales, que deben afrontar tratamientos costosos sin contar con recursos adicionales. A su vez, los jefes comunales advierten que la caída de la recaudación y la coparticipación agrava aún más el escenario.
En este contexto, distintos actores del sistema de salud coinciden en que la combinación de recortes presupuestarios, atraso en los pagos y aumento de la demanda configura un cuadro de alta tensión. Mientras tanto, crecen las advertencias sobre un posible colapso sanitario si no se adoptan medidas urgentes para normalizar la cadena de financiamiento y garantizar la atención a los sectores más vulnerables.