El cierre del acuerdo técnico entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional dejó más interrogantes que certezas. Aunque el entendimiento fue anunciado en el marco de las reuniones de primavera en Washington, el organismo aclaró que el desembolso de fondos aún depende del cumplimiento de “medidas pendientes” por parte del Gobierno de Javier Milei.
En el comunicado oficial, el FMI destacó el “compromiso firme” de las autoridades argentinas, pero subrayó que la revisión del programa será elevada al Directorio Ejecutivo recién cuando se concreten ciertas acciones correctivas. Esta advertencia no pasó desapercibida en los mercados ni entre los analistas, ya que no es habitual que un acuerdo técnico quede condicionado de forma explícita antes de su aprobación final.
Distintas fuentes cercanas al organismo interpretan que el mensaje podría estar vinculado a ajustes en el frente cambiario, particularmente en torno al levantamiento o flexibilización del cepo, aunque descartan una devaluación abrupta. La exigencia apunta a reforzar la consistencia del programa económico en un contexto global complejo.
El trasfondo del retraso también tiene un fuerte componente político. Desde Washington, la influencia de Donald Trump —y su estrategia electoral de cara a las elecciones legislativas de 2026— aparece como un factor determinante. La Casa Blanca mantiene un respaldo firme al gobierno argentino, pero el staff técnico del FMI muestra mayor cautela frente a los números de la economía local.
Esa tensión se refleja en las proyecciones más recientes del organismo, que empeoró sus previsiones para 2026: estima un crecimiento del 3,5% y una inflación del 30,4%, casi el doble de lo proyectado anteriormente. El FMI atribuye este deterioro a factores externos, como el impacto global de conflictos internacionales que encarecen los costos logísticos.
En este escenario, el acuerdo incluye exigencias en cinco áreas clave. En el plano monetario, el organismo reclama medidas para estabilizar las tasas de interés y mejorar la transmisión de la política monetaria, con el objetivo de avanzar hacia una mayor flexibilidad cambiaria. En lo fiscal, se mantiene el compromiso de déficit cero, con un superávit primario del 1,4% del PBI.
También se fijan metas exigentes en materia de acumulación de reservas, financiamiento externo y reformas estructurales orientadas a impulsar sectores como la energía y la minería. Sin embargo, el FMI evitó pronunciarse sobre un posible “waiver” por el incumplimiento en la meta de reservas.
El tiempo apremia: en mayo vencen unos 805 millones de dólares con el propio organismo. Para evitar tensiones en las reservas, el Directorio debería aprobar el desembolso antes de esa fecha. Pero la experiencia reciente muestra que los tiempos del FMI suelen extenderse cuando aumentan las dudas sobre la sostenibilidad del programa.
Así, entre exigencias técnicas, presiones políticas y un escenario internacional adverso, el acuerdo con el FMI entra en una etapa decisiva para el rumbo económico de la Argentina.