Un proyecto de ley que busca impedir que personas con condenas por delitos sexuales puedan desempeñarse en espacios donde haya contacto directo con niños, niñas y adolescentes aún no se convirtió en ley, ya que falta su tratamiento en la Cámara de Diputados.
La iniciativa, aprobada por el Senado de la provincia en noviembre del año pasado, establece la prohibición de contratar, designar o permitir funciones en instituciones educativas, deportivas, culturales, sociales o religiosas a personas con antecedentes penales por delitos contra la integridad sexual o violencia, aun cuando no hayan recibido condena de cumplimiento efectivo.
El proyecto fue impulsado por la senadora justicialista Mercedes Derrache y cuenta con el acompañamiento de la Cámara Alta. Según sus fundamentos, la propuesta surge ante hechos recientes que expusieron la necesidad de reforzar los mecanismos de control en instituciones que trabajan con menores.
Entre los casos citados en el debate legislativo se mencionan situaciones de abuso en ámbitos deportivos y religiosos, lo que motivó el impulso de mayores restricciones y controles para el acceso a funciones con contacto directo con menores.
La norma propone además modificaciones a la Ley 6.457, incorporando la obligatoriedad del certificado de antecedentes penales como requisito para el ingreso a este tipo de actividades. También introduce cambios en la Ley Provincial 9.139 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, extendiendo estas exigencias a asociaciones civiles, fundaciones e instituciones privadas.
Asimismo, el proyecto adhiere a la Ley Nacional 27.709, conocida como “Ley Lucio”, que establece capacitaciones obligatorias en materia de prevención de violencia infantil para quienes trabajen en el Estado o en instituciones vinculadas a menores.
En paralelo, se instruye al Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y organismos competentes a revisar los criterios de contratación, con el objetivo de impedir el acceso de personas con este tipo de antecedentes a espacios sensibles.
Finalmente, la iniciativa prevé la posibilidad de articular convenios con municipios para fortalecer los controles y garantizar el cumplimiento de la normativa en todo el territorio provincial.