El allanamiento a la residencia de verano de Santiago Peña, ubicada en la zona de Ciervo Cuá, en San Bernardino, dejó al descubierto un elemento que llamó la atención de los investigadores: una presunta bóveda oculta detrás de una pared falsa y equipada con un sofisticado sistema de seguridad de procedencia israelí.
El procedimiento se inició poco antes de las 19:00 de este domingo 8 de noviembre, con la participación de agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional. La intervención estuvo encabezada por los fiscales Cristian Benítez, Elena Fiore y Silvia González, en el marco de una investigación por presunta lesión de confianza y administración en beneficio propio.
La propiedad también está bajo la lupa por el elevado costo de su construcción, estimado en unos 7.700 millones de guaraníes, equivalentes a aproximadamente 1,23 millones de dólares. Según los antecedentes de la investigación, la financiación habría estado vinculada a préstamos otorgados por Ueno Bank.
Uno de los puntos que genera interrogantes es que, el 13 de mayo de 2024, la entidad bancaria habría concedido a Peña dos préstamos simultáneos por un total de 3.548 millones de guaraníes. Las cuotas mensuales ascendían a 239 millones de guaraníes, mientras que el salario presidencial era de 37.908.800 guaraníes.
La investigación también apunta a presuntas intervenciones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes recursos de organismos públicos y previsionales en Ueno Bank, entidad cuyo cierre fue anunciado por el Banco Central del Paraguay tras el deterioro de sus indicadores de solvencia.
Por el momento, uno de los principales interrogantes del procedimiento sigue sin respuesta: ¿qué hay dentro de la bóveda descubierta detrás de la pared falsa?
El contenido del compartimento permanece sin determinar, según el reporte preliminar, y se espera que las diligencias judiciales permitan esclarecer su finalidad y eventual vinculación con los hechos investigados.
La causa continúa en desarrollo y las responsabilidades penales deberán determinarse en el ámbito judicial.