La Cámara Alta tratará el próximo 15 de julio el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa impulsa cambios en la legislación sobre tierras rurales, facilita los desalojos y genera diferencias entre el oficialismo y sus aliados.
El Senado de la Nación debatirá el próximo 15 de julio el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa promovida por el oficialismo que propone modificaciones al Código Civil y Comercial, al Código Procesal, a la Ley de Tierras, al Registro de la Propiedad Inmueble y a la Ley de Manejo del Fuego. El tratamiento fue confirmado durante la reunión de labor parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La sesión fue convocada para las 12 horas y tendrá como eje principal una propuesta que busca agilizar los procesos de desalojo y flexibilizar las condiciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, uno de los puntos que más controversia generó durante la discusión parlamentaria.
Cambios en la compra de tierras rurales
El proyecto modifica el artículo 3 de la Ley 26.737 de Tierras Rurales y establece que las únicas restricciones para la compra de campos por extranjeros serán aquellas vinculadas a Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera, salvo que exista autorización de la provincia donde se ubique el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
Este punto generó diferencias dentro del propio bloque oficialista y con sectores aliados, por lo que el texto sufrió varias modificaciones en busca de lograr el respaldo necesario para su aprobación.
El peronismo anticipó su rechazo
Desde el interbloque peronista adelantaron que trabajarán para impedir la sanción de la iniciativa. Según trascendió, los legisladores opositores mantienen conversaciones individuales con senadores de distintos bloques para intentar reunir los votos necesarios y rechazar el proyecto.
Además de esta iniciativa, el Senado analizará seis acuerdos para designaciones diplomáticas, 28 pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos, y un proyecto para declarar a Tucumán como «capital simbólica de la República Argentina» cada 9 de Julio.
La agenda legislativa continuará en agosto
Fuentes del oficialismo indicaron que la intención es volver a sesionar el 6 de agosto, una vez finalizado el receso invernal. Para esa fecha quedarían pendientes proyectos como la denominada Ley Hojarasca, la iniciativa sobre Falsas Denuncias y modificaciones a la Ley de Salud Mental.
