La calidad institucional en Chaco atraviesa uno de sus momentos más críticos, exponiendo una alarmante desprotección para quienes sostienen el día a día de la provincia: sus trabajadores públicos y docentes. En un acto que desafía abiertamente el Estado de Derecho, el Ejecutivo provincial ha decidido ignorar de manera sistemática las sentencias judiciales firmes y las normativas vigentes que lo obligan a resguardar el salario frente a la inflación y a garantizar condiciones dignas para los sectores estatales.
La gravedad institucional no es abstracta ni un mero debate discursivo; tiene el sello de la propia Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia, que intimó de forma personal al gobernador Leandro Zdero por el incumplimiento del pago de la cláusula gatillo. La justicia consideró que se trata de una deuda de carácter alimentario indispensable, advirtiendo al mandatario que, de persistir en el desacato, las multas diarias (astreintes) impactarán directamente sobre su patrimonio personal. A pesar de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ratificó que la supresión de estos mecanismos es una medida ilegal y regresiva, el arco gremial docente unificado que nuclea a entidades como ATECH, UTRE CTERA, FEDERACIÓN SITECH, SADOP y AMET, entre otras denuncia una vulneración directa al artículo 47 de la Ley 647-E (Estatuto Docente, de rango constitucional) y al principio de intangibilidad de los salarios. Según los sindicatos, esta política de ajuste ya provocó una pérdida estrepitosa de más del 35% del poder adquisitivo.
Por su parte, desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial argumentan limitaciones presupuestarias insalvables para afrontar los montos exigidos, sosteniendo que las partidas actuales están orientadas a un ordenamiento general de las cuentas públicas tras las auditorías realizadas en el área educativa. Sin embargo, para los sectores afectados, la falta de presupuesto no justifica el quiebre de la legalidad ni la total falta de apertura al diálogo, denunciando que la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo el ámbito paritario natural nunca fue convocada por la gestión de Zdero.
A la asfixia salarial se le suma un combo que golpea de lleno el bolsillo del empleado público: el aumento por ley del doble de aportes para el Fondo de Alta Complejidad (FAC), una obra social (InSSSeP) denunciada por el vaciamiento de sus planes de salud y medicamentos, y el impacto de los extraordinarios tarifazos en los servicios de luz y agua. Ante la indiferencia oficial, el conflicto social escala de las oficinas a la vía pública. Para este jueves 28, todo el arco de trabajadores estatales, la comunidad educativa y los vecinos convocan a una gran caravana provincial que unirá las localidades chaqueñas para exigir un cambio urgente de rumbo económico.
El hecho de postergar un fallo de la Justicia y eludir las leyes no es un error administrativo; es una decisión política de pasar por encima de las instituciones. Lo que vuelve aún más grave esta situación es el vacío político que rodea al reclamo. En una provincia con una división de poderes debilitada, nos encontramos ante un escenario de llamativa inacción por omisión: ni la oposición política ha mostrado el coraje necesario para plantarse con firmeza, ni el resto de la dirigencia se atreve a activar los mecanismos de presión que la gravedad del caso amerita.
El silencio y la falta de confrontación de todo el arco político no hacen más que validar el atropello. Mientras en los despachos oficiales se mira para otro lado, en las aulas y en las dependencias públicas chaqueñas queda en evidencia una dolorosa realidad: una masa de trabajadores que ganó su derecho legítimo en los tribunales, pero que hoy se encuentra completamente desamparada ante un poder que se cree por encima de la ley.
