El Gobierno nacional oficializó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incorpora nuevas causales para impedir el ingreso o expulsar del país a extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina, sus ciudadanos o sus símbolos patrios.
El presidente Javier Milei firmó el Decreto 681/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que modifica el régimen migratorio al establecer nuevas causas para restringir el ingreso y la permanencia de ciudadanos extranjeros en el país.
La norma dispone que podrán ser rechazados en la frontera o expulsados del territorio nacional aquellos extranjeros que emitan o inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos por motivos de nacionalidad. También alcanza a quienes participen o promuevan actos considerados de ultraje contra los símbolos patrios.
Desde la Oficina del Presidente señalaron que la decisión fue adoptada tras una serie de manifestaciones calificadas por el Gobierno como parte de una «campaña antiargentina» que trascendió el ámbito deportivo y tuvo repercusiones internacionales.
En el comunicado oficial, el Ejecutivo sostuvo que «la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable» y afirmó que el Estado tiene la facultad de establecer las condiciones de admisión, permanencia y expulsión de extranjeros para preservar el orden público, la seguridad interior y la cohesión social.
De acuerdo con el decreto, quienes ya residan en la Argentina y sean alcanzados por estas causales podrán perder su residencia, ser intimados a abandonar el país o ser expulsados, según determine la autoridad competente en cada caso.
Como ocurre con todos los Decretos de Necesidad y Urgencia, la medida será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, que deberá analizar su validez y emitir un dictamen antes de su tratamiento por ambas cámaras.
La decisión representa un nuevo endurecimiento de la política migratoria impulsada por el Gobierno nacional y se enmarca en la estrategia oficial de reforzar los controles sobre el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.
