La Fiscalía Regional I de la ciudad de Santa Fe abrió una investigación para determinar quién filtró el video que muestra el asesinato de un adolescente ocurrido el 18 de diciembre pasado. El material audiovisual, que formaba parte del legajo judicial y se mantuvo bajo reserva durante casi un mes, se viralizó recientemente en redes sociales, generando conmoción y un fuerte reclamo de la familia de la víctima.
La causa quedó a cargo del fiscal de Violencia Institucional, Ezequiel Hernández, quien busca establecer si la difusión del video se produjo a partir de una filtración de algún funcionario público, ya sea del ámbito policial o judicial, que haya tenido acceso al expediente.
La propiedad abandonada donde fue hallado el cuerpo de Jeremías
El 23 de enero, los familiares del joven asesinado solicitaron expresamente que se dejara de compartir el video, al considerar que su circulación implica una revictimización y un profundo daño emocional para su entorno más cercano.
Los abogados de la familia, Diego Martini y Bruno Rugna, señalaron que están convencidos de que la filtración no provino del Ministerio Público de la Acusación ni de la Justicia, aunque no descartaron la posible responsabilidad de personal de la autoridad investigativa que haya tenido acceso al material.
El video muestra cómo los presuntos autores del crimen —una adolescente de 16 años y dos menores de 14— sorprendieron al joven en un predio abandonado del barrio Chalet, frente a la cancha de Colón de Santa Fe. Según las imágenes, el adolescente fue atacado con un arma blanca y sometido a torturas hasta causarle la muerte. Posteriormente, los agresores habrían descartado su ropa en el Parque del Sur, donde también improvisaron una especie de lápida con su nombre.
Si bien la existencia del registro fílmico se conoció pocos días después del hallazgo del cuerpo, ocurrido cuatro días después del crimen, el video comenzó a circular masivamente casi un mes más tarde, lo que provocó que el caso trascendiera el ámbito local y tomara repercusión a nivel nacional.
La investigación en curso busca ahora determinar responsabilidades por la filtración y evaluar posibles sanciones en caso de comprobarse la participación de funcionarios públicos en la difusión del material.