Una abogada y una trabajadora social del organismo acudieron a la Policía para denunciar formalmente al concejal radical Carlos Diez por maltrato, insultos y hostigamiento en plena reunión oficial. En la presentación apuntaron también contra el jefe del área, el Dr. Abel Encinas, por «lavarse las manos» y desentenderse de la gravedad de los hechos.
Un nuevo escándalo de violencia institucional y de género salpica al oficialismo chaqueño conducido por el gobernador Leandro Zdero. En las últimas horas, dos profesionales que se desempeñan en la Unidad de Protección Integral (UPI) de la localidad de Presidencia de la Plaza radicaron una denuncia contravencional ante la comisaría local contra el concejal radical Carlos Diez, acusándolo de desplegar una «conducta violenta y agresión permanente».
La denuncia penal, plasmada en un acta policial que expone el avasallamiento, fue radicada de forma conjunta por una abogada y una trabajadora social del equipo interdisciplinario. Las profesionales detallaron el calvario vivido durante un encuentro de trabajo en el que debían abordarse políticas públicas y terminaron siendo denigradas por el edil oficialista.
Gritos, insultos y desprecio profesional
Según consta en el documento oficial con fecha del 10 de junio de 2026, el violento episodio se desencadenó durante una reunión oficial de la que también participaban otras autoridades del área social y psicológica.
En ese ámbito, el concejal zderista Carlos Diez arremetió contra las trabajadoras con un tono de voz extremadamente elevado, expresiones de total falta de respeto y desprecio hacia sus roles institucionales. Tal como expresaron en la denuncia, el ataque afectó directamente su dignidad «como trabajadoras y como mujeres».
La hostilidad y el nivel de intimidación ejercido por el legislador municipal fue de tal magnitud que obligó a las profesionales a abandonar el recinto para resguardar su integridad. Mientras tanto, desde el entorno del concejal no se registró intencionalidad alguna de frenar la agresión.
Amparo oficial: «El jefe se lavó las manos»
Lejos de encontrar respaldo en la cadena de mandos del organismo que debe proteger derechos, las trabajadoras denunciaron una alarmante desprotección interna. Con posterioridad al violento hecho, recibieron llamadas telefónicas de su superior jerárquico, el Dr. Abel Encinas. Sin embargo, la respuesta del funcionario no fue la de accionar contra el agresor, sino la de «desligarse de toda responsabilidad», una actitud de desamparo que incrementó la preocupación y la vulnerabilidad de las víctimas.
Ante esta preocupante desidia estatal, las denunciantes exigieron ante las autoridades policiales y judiciales que se dicten medidas urgentes de restricción para que el concejal Diez se abstenga de dirigirse a ellas de manera violenta, agresiva o intimidante. El reclamo es claro y expone el clima de época: exigen que el Estado garantice, de una vez por todas, un ambiente laboral libre de hostigamiento y violencia machista.
