El abogado Gregorio Dalbón solicitó al fiscal federal Gerardo Pollicita que se dicte la prisión preventiva del ex jefe de Gabinete o, de manera subsidiaria, que se le prohíba salir del país. La presentación sostiene que Adorni podría entorpecer la investigación y cuenta con capacidad económica para abandonar la Argentina.
La causa judicial contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó este viernes un nuevo capítulo luego de que el abogado Gregorio Dalbón solicitara formalmente su prisión preventiva ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga presuntos delitos vinculados al patrimonio del ex funcionario nacional.
El planteo fue presentado en el expediente por enriquecimiento ilícito iniciado tras la denuncia de la diputada Marcela Pagano y sostiene que existen “riesgos concretos” tanto de fuga como de entorpecimiento de la investigación.
Dalbón argumentó que Adorni habría intentado influir sobre uno de los principales testigos del caso y remarcó que, tras dejar la Jefatura de Gabinete, perdió “su principal arraigo institucional” en el país.
La acusación por posible entorpecimiento
Uno de los ejes centrales del pedido gira en torno a la declaración del contratista Matías Tabar, encargado de remodelar una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club.
Según la presentación judicial, antes de declarar ante la Justicia, Tabar habría sido contactado por Adorni, quien le manifestó: “Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo”.
Para Dalbón, esa conducta constituye un intento de influir sobre un testigo clave y representa un riesgo concreto para el desarrollo de la investigación.
El escrito también sostiene que Adorni, debido a su reciente rol como uno de los funcionarios más importantes del Gobierno nacional, conserva vínculos políticos e institucionales que podrían facilitar maniobras para coordinar versiones o dificultar la obtención de pruebas.
Además, cuestiona las explicaciones públicas brindadas por el ex funcionario sobre el origen de su patrimonio y señala contradicciones vinculadas a operaciones inmobiliarias bajo investigación.
El patrimonio y las operaciones inmobiliarias
La presentación hace foco en distintas adquisiciones inmobiliarias atribuidas a Adorni y a su entorno familiar.
Entre ellas menciona un departamento en Caballito comprado por alrededor de 230 mil dólares, cuya financiación habría sido otorgada directamente por las vendedoras del inmueble sin intervención bancaria.
Según Dalbón, la Justicia analiza si ese préstamo fue genuino o si se utilizó como mecanismo para justificar fondos cuyo origen aún se investiga.
También se encuentra bajo análisis la remodelación de una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, registrada a nombre de su esposa Bettina Julieta Angeletti.
De acuerdo con la declaración del contratista incorporada al expediente, las obras habrían costado aproximadamente 245 mil dólares y los pagos se habrían realizado en efectivo.
El argumento sobre el riesgo de fuga
Dalbón también afirmó que existe un riesgo concreto de fuga debido a la capacidad económica atribuida al ex jefe de Gabinete.
En el escrito recordó que durante la investigación Adorni reconoció la existencia de aproximadamente 500 mil dólares que no habían sido incorporados a sus declaraciones juradas.
“La disponibilidad de recursos económicos de semejante magnitud incrementa sus posibilidades materiales de sustraerse del accionar de la Justicia”, sostiene la presentación.
Además, el abogado afirmó que Adorni cuenta con acceso a vuelos privados y remarcó que su reciente salida del Gobierno implica la pérdida de su principal vínculo laboral formal en el país.
Como antecedente, Dalbón mencionó el caso del ex operador macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien permaneció fuera de la Argentina durante varios años mientras enfrentaba investigaciones judiciales.
Pedido alternativo
De manera subsidiaria, el abogado solicitó que, en caso de no avanzar con la prisión preventiva, se dicte una prohibición inmediata de salida del país para Manuel Adorni, incluyendo la retención de su pasaporte y la notificación a Migraciones.
Ahora será el fiscal federal Gerardo Pollicita quien deberá analizar el planteo y definir si impulsa alguna de las medidas solicitadas ante la Justicia.
