El Gobierno nacional acordó con Estados Unidos un tratado comercial que impone 113 obligaciones a la Argentina, mientras que solo 8 compromisos son mutuos y 2 recaen exclusivamente sobre EE.UU., según el texto oficial publicado por la embajada norteamericana, disponible únicamente en inglés.
La Cancillería destacó supuestos beneficios en su comunicado oficial, pero esas ventajas no figuran en el acuerdo. El documento detalla compromisos que analistas definen como concesiones unilaterales de Argentina sin contrapartidas claras.
Sin controles sanitarios ni técnicos
El acuerdo obliga a Argentina a permitir la entrada de productos originarios de Estados Unidos que ya cumplieron con la normativa estadounidense, sin someterlos a revisiones adicionales de organismos locales.
Esto significa que la aprobación de la FDA y del FSIS será suficiente para importar alimentos, medicamentos, químicos y carnes, sin intervención de ANMAT o SENASA.
Apertura comercial que afecta al agro
El tratado establece cupos anuales sin aranceles para productos agrícolas y alimentarios de Estados Unidos, como:
- 1.000 toneladas de queso
- 870 toneladas de almendras
- 80 toneladas de pistachos
- 1.100 toneladas de papas
- 80.000 litros de vino
- 10.000 autos
A diferencia de lo anunciado por el Gobierno, no figura un cupo de 100.000 toneladas de carne argentina sin aranceles a EE.UU., y el propio canciller reconoció que esa medida sería una decisión unilateral del país norteamericano, no parte del acuerdo.
Beneficios pocos y acotados para Argentina
Argentina obtiene la eliminación de aranceles en algunos productos como té, mate y frutas tropicales, y ciertas exenciones en acero y aluminio para aviación civil.
Especialistas destacan que muchos de esos bienes no son parte significativa de la oferta exportadora argentina, y que no representan mejoras sustanciales para sectores claves.
Facilidades a empresas estadounidenses
El acuerdo incluye disposiciones para que empresas de Estados Unidos sean prioritarias en licitaciones en sectores como petróleo y minería, y limita a Argentina a no imponer barreras o medidas que puedan considerarse discriminatorias frente a proveedores estadounidenses.
Además, Argentina se compromete a cooperar con sanciones comerciales impulsadas por Washington y a replicar medidas de defensa comercial si Estados Unidos lo solicita.
Restricciones a la política industrial y energética
El texto prohíbe a Argentina subvencionar industrias de forma que “distorsionen el comercio internacional”, y limita la compra de insumos nucleares a determinados países, apuntando a China y Rusia.
Entrada en vigencia y rescisión
El acuerdo deberá ser aprobado por ambas cámaras del Congreso.
Según el texto, entrará en vigencia 60 días después de que las partes certifiquen el cumplimiento de los procedimientos legales correspondientes.
Su rescisión puede solicitarse con seis meses de anticipación.
Evaluación de especialistas
Analistas consideraron que el Gobierno firmó el acuerdo sin consultar a sectores productivos, trabajadores ni fuerzas políticas, y que los beneficios para Argentina son escasos en comparación con las obligaciones asumidas. Denuncian que el tratado estuvo más orientado a favorecer intereses externos que a potenciar la industria y la producción nacional.