La visita de Diego Santilli a Resistencia este lunes 12 de enero dejó mucho más que una foto institucional. En Casa de Gobierno, durante casi una hora, el ministro del Interior y el gobernador Leandro Zdero sellaron un acuerdo político explícito: respaldo total a la agenda de reformas del Gobierno nacional, con eje en reforma laboral, ajuste fiscal y reducción del Estado.
“Entendemos que el país no puede quedarse en el pasado y que no podemos repetir las mismas recetas”, afirmó Zdero, dejando en claro que el viraje que propone no es solo productivo, sino también ideológico. La frase funciona como síntesis del encuentro: romper con el esquema anterior y alinearse sin reservas con la Casa Rosada.
El gobernador insistió en la necesidad de “ordenar el Estado” y volvió a justificar el ajuste en la herencia recibida.
“Estamos pagando una deuda que nos dejaron y que hoy se paga en dólares. Eso ahoga a los pequeños todos los días”, sostuvo, reclamando una reprogramación que alivie las cuentas provinciales.
Obras prometidas y viejas demandas
En materia de infraestructura, Zdero combinó agradecimientos con reclamos históricos. Destacó el financiamiento nacional del segundo acueducto, pero volvió a insistir con rutas nacionales, dragado de puertos y el segundo puente Chaco–Corrientes.
“El segundo puente es conectividad y desarrollo para toda la región”, aseguró.
Sobre los puertos fue más tajante:
“Tenemos una ley de puertos de hace más de 70 años, con un puerto que no funciona. Algunos quieren seguir viviendo en el pasado, nosotros queremos transformar la provincia”.
En ese marco, defendió el proyecto para modificar la ley portuaria y apuntó directamente contra la oposición:
“No tenemos quórum propio y hay sectores que no quieren avanzar en la consolidación de la deuda ni en las transformaciones que votaron los chaqueños”.
La reforma laboral, el corazón del acuerdo
El punto de mayor coincidencia con la Nación fue la reforma laboral. Zdero no esquivó el tema y la defendió como pieza central del nuevo modelo económico.
“Las recetas del pasado nos llevaron siempre a los mismos resultados. Esta ley permite modernizar y generar expectativas de mayor trabajo”, afirmó.
El gobernador explicó que la clave está en reducir las cargas patronales:
“Bajar contribuciones del 18 o 20 por ciento a valores cercanos al 5 por ciento es clave para que las empresas puedan tomar trabajadores”.
Dicho sin rodeos: menos aportes empresariales como motor del empleo, con un debate aún abierto sobre el impacto real en derechos laborales y salarios.
Santilli: elogios y libreto oficial
Desde Nación, Santilli devolvió gentilezas y reforzó el relato oficial.
“Está reconvirtiendo la provincia. La herencia es pesadísima y el perfil de deuda que le dejaron es muy fuerte”, señaló, en sintonía con el discurso del gobernador.
Sobre la reforma laboral, insistió en el argumento central del Gobierno: la informalidad.
“Hoy más del 52 por ciento de los trabajadores está en la informalidad, sin derechos. La reforma no quita derechos a quienes los tienen, sino que busca dárselos a quienes hoy no tienen ninguno”, sostuvo.
Según el ministro, la iniciativa se apoya en tres pilares:
“Formalización del empleo, baja de impuestos y previsibilidad para las pymes, que generan el 85 por ciento del empleo”.
Respecto al segundo puente Chaco–Corrientes, confirmó que el proyecto avanza en organismos internacionales:
“Es una obra que requiere financiamiento del BID y estamos siguiendo cada etapa junto al gobernador y el Ministerio de Economía”.
Una señal política clara
Consultado sobre por qué eligió al Chaco como primera escala de la gira federal, Santilli fue directo:
“Por el esfuerzo que está poniendo el gobernador en sacar la provincia adelante y por su decisión de mirar hacia la producción, el trabajo y la baja de impuestos”.
El mensaje quedó claro. Nación y Provincia cerraron filas detrás de una agenda común de reformas estructurales, con promesas de obras y financiamiento externo.
El interrogante, que no apareció en la conferencia, sigue abierto: qué costo social tendrá este alineamiento y quiénes pagarán el precio real de un modelo que promete modernización mientras profundiza tensiones laborales y sociales.