El Gobierno nacional dispuso la incorporación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), en el marco de una decisión basada en investigaciones judiciales e informes de inteligencia.
La medida fue anunciada por la Oficina del Presidente y se fundamenta en la presunta participación de este organismo en los atentados contra la Embajada de Israel en Argentina en 1992 y la sede de la AMIA en 1994, hechos que dejaron decenas de víctimas fatales y cientos de heridos.
De acuerdo con el comunicado oficial, ambos ataques habrían contado con la intervención de altos funcionarios del régimen iraní y operativos vinculados al CGRI, en coordinación con la organización Hezbollah. Además, se recordó que la Justicia argentina mantiene alertas rojas de Interpol sobre ciudadanos iraníes señalados en la causa.
La decisión fue adoptada de manera conjunta entre distintos organismos del Estado, incluyendo Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia, con el objetivo de aplicar sanciones financieras y restricciones operativas que limiten la capacidad de acción de la organización en el país.
El presidente Javier Milei sostuvo que la medida apunta a saldar una deuda histórica con las víctimas de los atentados y reforzar la política de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, en línea con un posicionamiento internacional del Gobierno.