Un fallo judicial dispuso la suspensión de gran parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, tras hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
La decisión fue tomada por el juez laboral Raúl Horacio Ojeda, quien resolvió frenar la aplicación de 82 artículos de la ley 27.802, promulgada a comienzos de marzo. Según el magistrado, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para avanzar con una acción declarativa de inconstitucionalidad, al considerar que la normativa podría generar “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”.
El fallo alcanza aspectos centrales de la reforma, entre ellos modificaciones vinculadas a los derechos de sindicalización, la negociación colectiva y el derecho a huelga. En su resolución, Ojeda destacó el rol del Poder Judicial en el control de constitucionalidad y convencionalidad, remarcando que su intervención busca aportar seguridad jurídica y evitar futuros conflictos judiciales masivos.
La presentación de la CGT cuestionó distintos artículos de la norma que introducen cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen de convenciones colectivas, el trabajo rural y las asociaciones sindicales, además de disposiciones vinculadas a normas internacionales que protegen el principio de no regresividad en materia laboral.
El magistrado también rechazó los argumentos del Gobierno, que había solicitado desestimar la cautelar al sostener que no existía caso y que la CGT no representaba a la totalidad de los trabajadores. En ese sentido, Ojeda afirmó que la central sindical posee legitimación activa para accionar en defensa de derechos colectivos e individuales homogéneos de los trabajadores.
Asimismo, el juez desestimó el planteo oficial sobre una supuesta intromisión del Poder Judicial en funciones del Poder Legislativo, al señalar que el control judicial es necesario para garantizar el respeto de la Constitución Nacional dentro del sistema republicano y la división de poderes.
La medida cautelar fue acompañada por el dictamen favorable del fiscal Javier Fernández Madrid y firmada por los dirigentes sindicales Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Raúl Jerónimo en representación de la CGT.