Familiares de efectivos de las fuerzas federales realizaron una protesta frente al Edificio Centinela en reclamo por mejoras salariales, en una manifestación inédita que reunió a Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
La movilización se llevó a cabo luego de que el Gobierno anunciara un bono de 40 mil pesos, considerado insuficiente por los manifestantes, quienes denunciaron que muchos efectivos perciben salarios por debajo de la línea de la pobreza.
En ese contexto, el presidente Javier Milei reconoció públicamente que existe “una deuda en lo salarial con las fuerzas”, aunque no brindó precisiones sobre posibles aumentos.
Mientras tanto, dentro del Gobierno surgieron tensiones políticas. Algunos sectores apuntaron contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien vinculan indirectamente con la protesta a partir de su relación con referentes cercanos a los manifestantes.
Entre ellos mencionan al influencer Emmanuel Danann y a la dirigente Analía Zabala, quienes habrían tenido participación en la difusión del reclamo.
Los efectivos, que tienen restringidas las protestas sindicales, canalizan este tipo de reclamos a través de familiares para evitar sanciones. Durante la movilización, denunciaron una “situación de emergencia” y aseguraron no poder llegar a fin de mes.
Uno de los testimonios más contundentes fue el de un cabo de la Policía Federal, quien señaló que con años de servicio percibe un salario insuficiente, lo que lo obliga a realizar trabajos extra para subsistir.
Además, los manifestantes rechazaron el bono anunciado por el Ministerio de Seguridad, calificándolo como “una migaja”, y cuestionaron el discurso oficial sobre la situación económica.
Finalmente, informaron que presentaron un petitorio formal ante el Gobierno con los principales reclamos salariales, mientras crece la tensión dentro del oficialismo por el impacto político de la protesta.