Especialistas del sector inmobiliario ponen en duda la operación de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito tras adquirir un inmueble con un crédito poco habitual.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una polémica tras revelarse detalles de la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por 230 mil dólares, operación que es investigada en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.
La causa, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, apunta a una presunta maniobra mediante un crédito hipotecario no bancario que habría cubierto cerca del 90% del valor del inmueble, algo que especialistas consideran inusual.
Fuentes del sector inmobiliario aseguraron que “es casi imposible” que el tomador del crédito no conozca a sus prestamistas. “En el momento de firmar la escritura y la hipoteca tienen que estar todas las partes presentes: quien compra, quien vende y quien presta el dinero”, explicaron.
La operación involucró a dos mujeres, quienes figuraban como vendedoras del departamento y al mismo tiempo como acreedoras del préstamo. Una de ellas, sin embargo, declaró públicamente no conocer a Adorni, lo que encendió aún más las sospechas.
Según trascendió, este tipo de financiamiento suele cubrir entre el 40% y el 50% del valor de una propiedad, por lo que el porcentaje cercano al 90% utilizado en esta operación resulta altamente inusual para el mercado.
Además, el inmueble no figura en la última declaración jurada del funcionario, aunque sí consta en el Registro de la Propiedad Inmueble, lo que también forma parte de la investigación judicial.
En este contexto, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la operación. La audiencia está prevista para el próximo 8 de abril y será clave para esclarecer los detalles del caso.
La Justicia busca determinar si existió una operatoria irregular en la adquisición del inmueble y si el funcionario incurrió en un delito al no declarar el bien y al utilizar un esquema de financiamiento que, según expertos, presenta inconsistencias.
Claves del caso:
- El funcionario compró un departamento en noviembre de 2025 que no figura en su declaración jurada.
- La operación se realizó con un crédito que cubrió casi el 90% del valor del inmueble.
- Una de las prestamistas aseguró no conocer al comprador.
- Especialistas sostienen que ese tipo de operaciones requiere conocimiento entre las partes.