El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevos informes en la causa que investiga al jefe de Gabinete Manuel Adorni, con el objetivo de profundizar el análisis sobre sus propiedades y viajes al exterior, en el marco de una pesquisa que busca determinar si su evolución patrimonial se condice con sus ingresos declarados.
El expediente, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, se inició a partir de una denuncia que señala un incremento significativo en los bienes del funcionario en un período reducido de tiempo. Según la presentación, existirían “severas discrepancias” entre sus declaraciones juradas, con presuntas omisiones de activos financieros y movimientos de dinero sin justificación clara.
En esta etapa, la fiscalía apunta a reconstruir con mayor precisión el patrimonio de Adorni. Para ello, se pidieron informes a registros públicos y distintos organismos a fin de determinar titularidad, valor y origen de diversas propiedades vinculadas al funcionario y su entorno cercano.
Entre los puntos bajo análisis se encuentra un departamento en el barrio porteño de Caballito adquirido en 2025 y una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Sobre esta última, la documentación incorporada al expediente indica que habría estado registrada a nombre de un tercero, aunque gastos como expensas figuran asociados a la esposa del funcionario, lo que genera interrogantes sobre su titularidad real.
La fiscalía también busca establecer el valor de mercado de estos inmuebles mediante tasaciones, ante la sospecha de que algunas operaciones podrían haberse realizado por montos inferiores a los habituales o mediante esquemas de financiamiento poco frecuentes, como préstamos privados.
Otro eje central de la investigación se vincula con los viajes realizados por Adorni. La denuncia menciona salidas al exterior y traslados en vuelos privados, cuyos costos y formas de pago están bajo análisis. En particular, se intenta determinar si esos gastos se corresponden con sus ingresos o si podrían haber sido solventados por terceros.
Según información aportada por la Dirección de Migraciones, el funcionario habría realizado entre 15 y 19 viajes desde 2023, cifra que contrasta con declaraciones públicas en las que mencionó una única salida recreativa reciente a Punta del Este. Los registros, en cambio, incluyen desplazamientos a Perú y Ecuador, con indicios de un posible paso por Aruba.
Ante estas inconsistencias, la fiscalía envió nuevos oficios para ampliar la información sobre movimientos migratorios, rutas, escalas y horarios, además de requerir a aerolíneas datos sobre quién contrató y abonó cada uno de los viajes.
En los próximos días está previsto que declare la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la compra de uno de los inmuebles, con el objetivo de aportar precisiones sobre las condiciones en que se realizaron las operaciones y la documentación respaldatoria.
