La situación de tensión en la provincia de Santa Fe se profundiza tras una investigación judicial vinculada a amenazas de posibles ataques en establecimientos educativos que circularon en redes sociales y aplicaciones de mensajería, acompañadas por imágenes de armas de fabricación casera.
La causa es llevada adelante por la fiscal Lorena Korakis, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y derivó en un allanamiento realizado en un domicilio ubicado sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 2000, en la localidad de Sunchales. En el lugar, las autoridades identificaron a un adolescente de 16 años como presunto responsable de las publicaciones que generaron alarma en la comunidad.
Durante el procedimiento, personal policial secuestró un revólver cargado que pertenecería al abuelo del menor, además de dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes para determinar si existen otros involucrados o si el joven actuó de manera individual.
Como consecuencia, el adolescente fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V, mientras la Justicia avanza en la investigación para establecer el alcance real de las amenazas y su posible impacto en la seguridad pública.
Los mensajes que circularon incluían advertencias sobre posibles ataques en instituciones educativas de Rafaela y San Cristóbal, lo que generó preocupación entre familias, estudiantes y docentes. En ese contexto, hechos previos ocurridos en San Cristóbal, donde falleció Ian Cabrera, incrementaron el clima de temor y alimentaron versiones sobre un supuesto “Plan B” que circuló en mensajes anónimos.
A raíz de esta situación, muchas familias optaron por no enviar a sus hijos a clases, provocando un aumento del ausentismo en distintos establecimientos educativos de la región. Las autoridades continúan trabajando en el análisis del material secuestrado y en el seguimiento de la causa, mientras se refuerzan medidas preventivas en el ámbito escolar.