En un fallo histórico contra el avasallamiento institucional, la jueza Selva Sandra Gaynecotche intimó al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, y al exministro de Gobierno, Julio Ferro, a terminar con la «catarata» de ataques públicos contra las comunidades originarias. La resolución judicial les prohíbe expresarse en contra de la sentencia que ordena la entrega del título de propiedad comunitaria del Lote 88 a la asociación Mujeres Fuertes.
El operativo de impunidad del gobierno radical quedó expuesto: la jueza advirtió que, si no cierran el grifo de declaraciones discriminatorias y contrarias a derecho, serán multados por desobediencia judicial.
Un fallo que el oficialismo no puede borrar
Zdero y sus funcionarios venían montando un relato mediático para desconocer una sentencia que está firme hace doce años. Según la resolución, el Ejecutivo utilizó medios oficiales para intentar demoler un derecho consagrado en la Constitución Nacional y Provincial, profundizando la violencia y la conflictividad social en los territorios ancestrales de Miraflores.
- Fin de la mentira: El gobierno intentó frenar todo alegando que la asociación no estaba inscripta en el IDACh. Pero la jugada se les cayó: Mujeres Fuertes presentó su personería jurídica, demostrando que el único obstáculo era la voluntad política del oficialismo de no cumplir con la ley.
- La herencia que no pueden romper: La medida cautelar que hoy los acorrala data de 2020 y fue diseñada precisamente para evitar que los funcionarios de turno como intentó ahora la gestión de Zdero utilicen su poder para avasallar a los pueblos indígenas.
- Fiscalía de Estado al servicio del ajuste: El fallo también apunta contra la «batería de medidas» que los abogados del Estado lanzaron para impedir la ejecución de un derecho que ya es jurisprudencia firme en Chaco.
El territorio no se negocia
Para las organizaciones sociales y de derechos humanos, la actitud de Zdero y el ahora eyectado ministro Ferro representa un intento de retroceder décadas en materia de reparación histórica. Mientras el gobernador busca instalar un discurso de «orden», la Justicia le recordó que nadie está por encima de la Constitución, ni siquiera el titular del Ejecutivo.
Con el Lote 88, el gobierno chaqueño se chocó de frente con la resistencia de las comunidades y con una jueza que no dejó pasar el intento de desconocer la propiedad comunitaria indígena en favor de otros intereses.
Litigio.