Frente a la circulación de amenazas contra instituciones educativas, el Ministerio de Seguridad del Chaco puso en marcha un protocolo de actuación y lanzó una advertencia contundente: este tipo de mensajes no son bromas, tienen consecuencias penales.
La reacción oficial se dio tras una reunión urgente en la cúpula policial, encabezada por el ministro Hugo Matkovich junto a las principales autoridades de la fuerza. Allí se evaluó el alcance de los mensajes intimidatorios que comenzaron a circular en redes sociales y que generaron preocupación en la comunidad educativa.
A partir de ese diagnóstico, se decidió activar un esquema de respuesta inmediata que involucra a áreas especializadas como Antiterrorismo, Cibercrimen y el sistema 911, con intervención de la Justicia provincial.
Desde la cartera de Seguridad insistieron en un mensaje claro: “No te confundas, no es una broma, es un delito”. Las amenazas están tipificadas como intimidación pública en el Código Penal Argentino y pueden derivar en sanciones para quienes las difundan.
En paralelo, se mantiene un trabajo coordinado con el Ministerio de Educación del Chaco para reforzar la prevención y llevar tranquilidad a las familias, en un contexto donde la viralización de estos mensajes encendió alertas en toda la provincia.
El foco ahora está puesto en actuar con rapidez, identificar a los responsables y evitar que este tipo de situaciones escalen.