El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto que introduce modificaciones profundas al sistema de pensiones y prestaciones por discapacidad en la Argentina, bajo la denominación “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, una iniciativa que ya genera un amplio debate y rechazo en distintos sectores sociales.
La propuesta establece un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios de pensiones no contributivas, con suspensión automática del beneficio en caso de incumplimiento. Además, plantea cambios sustanciales en el esquema actual, como la eliminación del nomenclador único de prestaciones y la desregulación de los valores entre obras sociales y prepagas.
Otro de los puntos más cuestionados es la incompatibilidad entre el cobro de la pensión por discapacidad y el empleo formal registrado, lo que podría impactar en políticas de inclusión laboral vigentes.
Organizaciones del sector advierten que la iniciativa podría implicar un retroceso en el acceso universal a prestaciones, al modificar pilares centrales del sistema vigente en la Ley 24.901, que garantiza cobertura integral a las personas con discapacidad independientemente de su situación económica.
El proyecto también se da en un contexto de alta sensibilidad política, atravesado por investigaciones judiciales sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lo que incrementa la tensión en torno al debate legislativo.
En el plano parlamentario, el Gobierno eligió ingresar la iniciativa por el Senado, donde busca mayor margen de negociación, mientras distintos sectores anticipan movilizaciones y medidas de protesta en rechazo a la reforma.