La Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Provincia del Chaco tiene, por mandato constitucional, una sola función primordial: actuar de escudo y velar por las garantías fundamentales de los ciudadanos ante los recurrentes abusos del poder político y de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, cuando el poder de turno necesita comprar complicidades, el silencio institucional se cotiza alto.
A un mes de la detención arbitraria e ilegal de la que fui víctima en la localidad de Margarita Belén por parte de la Policía del Chaco tras incomodar al gobernador Leandro Zdero con preguntas sobre la falta de agua potable y el escándalo de la «médica trucha» en dicha localidad, la comisión legislativa que debe investigar estos atropellos sigue muda. Asistí a una audiencia formal ante dicho cuerpo para exponer la gravedad de lo ocurrido; sin embargo, no emitieron ningún comunicado oficial, no manifestaron preocupación y archivaron el expediente.
Hoy, la respuesta a ese silencio cómplice sale a la luz. No se trata de burocracia legislativa; se trata de un abierto e indignante conflicto de intereses que involucra directamente al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Samuel Vargas.
La cronología del pacto político
Los datos fríos y las fechas no admiten dobles lecturas. El contraste temporal expone el circuito de favores con total claridad:
- Mediados de Mayo de 2026: El director de tv LOCAL, Fernando Ojeda, es reducido y detenido por la policía tras intentar ejercer su trabajo de periodismo en un acto oficial del Gobernador en Margarita Belén.
- Inicio de Junio de 2026: Se realiza la presentación y exposición formal del caso en una audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, exigiendo un pronunciamiento institucional contra el abuso de poder y en resguardo de la libertad de prensa en la provincia.
- Junio de 2026: Silencio hermético de la Comisión conducida por Samuel Vargas. El reclamo del trabajador de prensa queda congelado en un cajón.
- Martes 23 de Junio de 2026: Apenas un mes después del hecho, el gobernador Leandro Zdero estampa su firma en un decreto de designación de privilegio para el entorno familiar íntimo del diputado Vargas.
La evidencia irrefutable: El Decreto 1453/26
Para quienes intenten justificar la inacción legislativa como una casualidad administrativa, las pruebas documentales desarticulan cualquier relato oficial. Según consta en el instrumento legal DEC-2026-1453-APP-CHACO, emitido en la ciudad de Resistencia el pasado martes 23 de junio de 2026, el Poder Ejecutivo provincial ordenó una maniobra presupuestaria a medida.
El Artículo 1° de dicho decreto crea de forma explícita una vacante en el presupuesto del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP) bajo la denominación de «Categoría 3 – Personal Administrativo y Técnico – Apartado c) – CEIC N° 1018-00 – Profesional 5 – Grupo 5 – Actividad Central 01 – Conducción Superior«. El beneficiario directo de este cargo de alta jerarquía estatal no es otro que Samuel Matías Vargas, hijo del presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
Para coronar el beneficio económico financiado por todos los chaqueños, el Artículo 3° del mismo documento le ratifica de inmediato una Bonificación por Título Profesional del 27% dentro del ámbito del InSSSeP. El documento lleva las firmas del Ministro de Salud, Ricardo Cesar Mayol, del Secretario General de la Gobernación, Julio Cesar Ferro, y del propio gobernador Leandro Cesar Zdero.
El mensaje que deja la cúpula política en el Chaco es sumamente peligroso: los derechos humanos y las garantías democráticas en nuestra provincia tienen precio, y se pagan con contratos del Estado. Si el presidente de la comisión encargada de defender a los ciudadanos entrega la libertad de un periodista a cambio de un puesto de «Conducción Superior» para su propio hijo, cabe preguntarse: ¿Qué le queda al ciudadano común de Margarita Belén, de Castelli o de Resistencia que sufre un abuso y no tiene un medio de comunicación para defenderse?
La omisión de la Legislatura ya no es negligencia; es complicidad negociada en las oficinas del Poder Ejecutivo.
