Familiares de personas con discapacidad, organizaciones sociales y prestadores de servicios presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona, en el marco de las políticas de ajuste aplicadas sobre el sistema de pensiones y prestaciones del área.
La presentación fue realizada por el abogado Javier Garín ante la Justicia Federal y alcanza también al ministro de Salud Mario Lugones, al secretario de Discapacidad Alejandro Vilches y al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°5.
Según el escrito, las medidas implementadas por el Gobierno nacional habrían provocado un “deterioro sistemático” en el acceso a pensiones por invalidez, tratamientos médicos y programas de asistencia, además de incumplimientos de fallos judiciales vinculados a la emergencia en discapacidad.
Los denunciantes sostienen que el recorte presupuestario impactó directamente en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con efectos en la cobertura de medicamentos, prestaciones de servicios y programas de inclusión, generando deudas con prestadores y demoras en los pagos.
Acusaciones y cuestionamientos al Gobierno
En la presentación judicial se plantea que las políticas del Ejecutivo estarían inspiradas en una visión “restrictiva” del sistema de protección social, lo que habría derivado en suspensión o revisión de beneficios y en un ajuste progresivo del gasto público destinado al sector.
También se cuestionan declaraciones oficiales y medidas administrativas que, según los denunciantes, habrían contribuido a instalar la idea de fraude en el sistema de pensiones, lo que impactó en la percepción pública del colectivo de personas con discapacidad.
Además, se menciona la implementación de nuevas condiciones para acceder a la pensión por invalidez, junto con la revisión de requisitos médicos y socioeconómicos, lo que generó rechazo de organizaciones del sector.
Reforma en el Congreso y conflicto abierto
En paralelo a la denuncia, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que propone un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios, controles médicos más estrictos y cambios en el régimen de compatibilidad con el empleo formal.
La iniciativa establece que quienes no cumplan con el reempadronamiento podrían perder el beneficio de forma automática, además de fijar nuevas condiciones para la evaluación de la invalidez laboral.
Organizaciones de discapacidad rechazaron la propuesta y advirtieron que podría implicar un retroceso en derechos adquiridos, afectando el acceso universal a las prestaciones.
Desde el Foro Permanente de Discapacidad señalaron que el sistema actual ya se encuentra en crisis por el atraso arancelario, la falta de actualización de valores y las deudas con prestadores, lo que complica la atención de miles de personas en todo el país.
Movilización y tensión social
En este contexto, el sector anunció una jornada de protesta frente al Ministerio de Salud de la Nación, con el objetivo de reclamar por el financiamiento del sistema, la regularización de pagos y el rechazo al proyecto de reforma.
Las organizaciones advierten que las modificaciones propuestas podrían generar mayor desigualdad en el acceso a derechos y profundizar la crisis del sistema de atención.
El conflicto se traslada así tanto al plano judicial como legislativo, en medio de una fuerte tensión entre el Gobierno y los sectores afectados por las políticas de ajuste en discapacidad.