Según confirmaron fuentes oficiales, en el Ejecutivo se analizan varias vías de acción, entre ellas denuncias por presunto abuso de autoridad, que se irán presentando de manera escalonada a medida que se formalicen. “La decisión es avanzar a través de diferentes instancias”, señalaron en la Casa Rosada.
En paralelo, ya se presentó una denuncia penal contra el magistrado impulsada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, en la que se solicita que se investiguen sus actuaciones en el expediente.
Dentro del Gobierno explican que las objeciones no se limitan a la cautelar que frenó parte de la reforma laboral, sino también a una resolución posterior del juez vinculada a la representación del Estado en la causa. En esa decisión, Ojeda cuestionó la intervención del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y de los subprocuradores Santiago Castro Videla y Julio Pablo Comadira, al considerar que no estaban habilitados para intervenir en el expediente.
Desde el oficialismo rechazan ese criterio y sostienen que la representación del Estado se encuentra determinada por la función institucional y el marco normativo de la Procuración del Tesoro. Además, afirman que la resolución habría afectado el derecho de defensa del Estado nacional.
El conflicto judicial se da en simultáneo con una estrategia del Gobierno para trasladar la causa al fuero contencioso administrativo federal, planteo que fue parcialmente receptado por otro juzgado que solicitó la remisión del expediente.
En este contexto, la Casa Rosada también presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema mediante un per saltum, en el marco de la disputa por la cautelar que benefició a la CGT.
Fuentes oficiales indicaron que el equipo jurídico del Gobierno evalúa nuevas acciones, que incluirían presentaciones ante el Consejo de la Magistratura, planteos ante la Corte Suprema y eventuales denuncias penales, aunque parte de esa estrategia se mantiene bajo reserva.