En plena feria judicial, la Justicia federal le ordenó al Gobierno nacional que implemente de manera inmediata la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada y ratificada por el Congreso durante el año pasado. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, intimó al Poder Ejecutivo a poner en funcionamiento la normativa en un plazo máximo de diez días hábiles y advirtió que, de no cumplirse, comenzarán a aplicarse multas diarias a funcionarios nacionales.
La resolución establece que, a partir del 4 de febrero, la ley deberá estar plenamente vigente. En caso contrario, podrían imponerse sanciones económicas e incluso iniciarse causas penales por desobediencia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
El magistrado hizo ejecutar una sentencia dictada a fines de diciembre y ordenó además al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad que, en un plazo de cinco días, informen y acrediten documentalmente el avance en el cumplimiento del fallo, bajo apercibimiento de sanciones.
“Es una intimación final. Ya no se aceptan más dilaciones ni informes técnicos”, expresaron desde el colectivo de familias que impulsó el amparo judicial. “Llevamos más de 130 días con una ley vigente que el Gobierno se niega a cumplir”, sostuvo la actriz Lola Berthet. En el mismo sentido, Valentina Bassi, madre de un adolescente con trastorno del espectro autista, celebró la decisión judicial y reclamó su ejecución inmediata.
Según lo dispuesto por el juez González Charvay, el Ejecutivo deberá presentar la resolución que actualiza los aranceles de los centros prestadores desde enero de 2025, el plan de pago de las compensaciones adeudadas, la apertura del plan ARCA para refinanciar deudas, los nuevos valores de las prestaciones y el decreto reglamentario de la Ley 27.793, que acumula varios meses de retraso.
Desde las organizaciones advierten, sin embargo, que el Gobierno podría seguir dilatando la aplicación de la normativa. “Existe una clara voluntad de incumplir los fallos judiciales”, señaló Lorena Aguirre, abogada y referente de la Asamblea Discas en Lucha, quien anticipó la presentación de nuevos amparos colectivos en distintas jurisdicciones del país. “Se están vulnerando compromisos internacionales y principios básicos como la no regresividad y la no discriminación”, afirmó.
Un fallo clave y antecedentes judiciales
A comienzos de diciembre, el juez González Charvay declaró la invalidez del artículo 2 del decreto 681/2025, mediante el cual el Gobierno había suspendido la ley al no asignarle partidas presupuestarias. El magistrado consideró que se trató de un veto encubierto y lo declaró nulo e inconstitucional por violar la división de poderes y los tratados internacionales de derechos humanos.
Aunque el Gobierno apeló la decisión, la Cámara Federal de San Martín concedió el recurso con efecto devolutivo, lo que implica que la apelación no suspende la obligación de cumplir el fallo. Por lo tanto, el Ejecutivo debe avanzar de inmediato con la implementación de la ley.
Tensiones políticas y debate presupuestario
En paralelo al litigio judicial, el Ejecutivo intentó excluir del Presupuesto 2026 los fondos destinados a la Ley de Emergencia en Discapacidad y al financiamiento universitario. La iniciativa fue rechazada en el Congreso y ambas partidas fueron finalmente ratificadas.
Según un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso, el costo fiscal de la ley representaría entre el 0,22 % y el 0,42 % del PBI, una cifra considerada abordable por especialistas y organizaciones del sector.
“Para este Gobierno, las personas con discapacidad son vistas como un gasto”, denunció Aguirre. “Las pensiones no cubren las necesidades básicas, no hay acceso pleno a la salud ni a los medicamentos. Pero vamos a seguir luchando y visibilizando esta situación”, afirmó.