El diputado nacional Luis Petri celebró la decisión de la Justicia que desestimó la denuncia presentada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que el legislador la calificara públicamente como “golpista” en redes sociales.
El fallo fue dictado por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del juez Ramiro González, que concluyó que las expresiones de Petri se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión en el marco del debate político y no constituyen delito.
En declaraciones a la prensa, durante un acto de jura de diputados provinciales, Petri sostuvo que la presentación judicial impulsada por Villarruel era “una locura” y aseguró que la resolución judicial confirmó su postura.
“Nosotros lo dijimos desde el primer momento. La verdad que nos parecía una locura la presentación de esa denuncia y la Justicia entendió lo mismo”, afirmó el legislador mendocino.
El diputado agregó además que “las opiniones son libres y los hechos son sagrados”, y remarcó que el fallo le dio la razón en el conflicto con la vicepresidenta. “Yo dije lo que tenía que decir, estoy convencido y la Justicia me dio la razón”, expresó.
El origen de la denuncia
La causa se originó luego de que Petri calificara a Villarruel como “golpista” y la acusara de un accionar “funcional a la oposición” en publicaciones en la red social X, lo que motivó la denuncia de la vicepresidenta por presuntas calumnias, injurias y atentado contra el orden constitucional.
Sin embargo, el tribunal entendió que las expresiones se enmarcan dentro del debate político y no reúnen los elementos necesarios para configurar un delito penal.
En su resolución, el juez González descartó además la existencia de afectación al sistema democrático o de conductas que encuadren en figuras como asociación ilícita, al considerar que se trata de opiniones en un contexto de discusión pública.
Sin vínculo político
Tras el fallo, Petri volvió a cuestionar la presentación judicial y afirmó que ya no mantiene relación con la vicepresidenta. “Yo dije lo que tenía que decir”, reiteró.
La resolución judicial, notificada este 22 de abril de 2026, refuerza el criterio de que las expresiones en el marco del debate político están protegidas por la libertad de expresión y no deben ser criminalizadas.