Lidia Mabel Ojeda, de 43 años, fue detenida este lunes en la localidad bonaerense de Santos Lugares, en el partido de Tres de Febrero, tras permanecer varios días con un pedido de captura vigente a nivel nacional emitido por la Justicia de Chaco. La mujer está acusada de usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina, luego de haber trabajado en hospitales públicos sin contar con formación habilitante.
El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Roberto Lage al 800, entre Uruguay y Roque Sáenz Peña, a menos de diez cuadras de una comisaría. Según fuentes del caso, la sospechosa se encontraba oculta en el lugar al momento de su arresto, vestida con jean oscuro, buzo negro y zapatillas blancas. El operativo contó con la intervención coordinada de fuerzas bonaerenses y personal de investigaciones de Chaco.
La orden de detención había sido solicitada por el fiscal Marcelo Soto, titular de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, quien lleva adelante la causa. La imputación se basa en una serie de hechos que indican que Ojeda habría utilizado documentación apócrifa para desempeñarse como médica en distintos centros de salud del interior chaqueño.
Según consta en el expediente, la mujer logró ser contratada para realizar guardias activas en hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza. Sin embargo, su desempeño comenzó a generar sospechas entre colegas y personal sanitario, quienes advirtieron inconsistencias en sus conocimientos y procedimientos.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por autoridades sanitarias de la región, que alertaron sobre la presencia de una supuesta profesional que no cumplía con los estándares mínimos de formación. A partir de allí, se comenzaron a relevar registros, documentación interna y testimonios que confirmaron irregularidades.
Uno de los aspectos más graves del caso es que Ojeda habría firmado al menos nueve actas de defunción durante el tiempo en que se desempeñó en los centros de salud. Este dato fue corroborado mediante copias certificadas de registros hospitalarios y derivaciones, lo que incrementó la preocupación sobre el impacto de su accionar en pacientes.
Además, se estableció que la matrícula profesional que utilizaba correspondía a otro médico, quien desconocía completamente la situación y no tenía vínculo alguno con la acusada. Este elemento fue clave para sostener la imputación por usurpación de identidad profesional.
Durante los allanamientos realizados en una vivienda del barrio San Cayetano, en Sáenz Peña, los investigadores secuestraron insumos médicos, uniformes de enfermería, documentación vinculada a pacientes y restos de papeles quemados. Entre estos últimos, se identificó un sello perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Hospital Dr. Emilio F. Rodríguez de Quitilipi.
En el transcurso de la investigación también surgieron inconsistencias en los datos personales aportados por Ojeda. En distintas oportunidades, la mujer habría declarado ser oriunda de Formosa, residente en Corrientes o tener vínculos familiares en Paraguay. Sin embargo, registros oficiales confirmaron que figura como votante en la ciudad de Sáenz Peña.
La causa fue inicialmente caratulada como ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos y honores, delitos contemplados en el artículo 247 del Código Penal argentino. Estas figuras prevén penas de entre 15 días y un año de prisión, aunque la fiscalía analiza la posibilidad de agravar la imputación en función de las consecuencias que pudieron derivarse de su intervención en la salud de pacientes.
Antes de su detención, la defensa de Ojeda había sostenido que la mujer no se encontraba prófuga y que había realizado presentaciones ante la Justicia. No obstante, el pedido de captura continuó vigente hasta concretarse el operativo que permitió su localización en territorio bonaerense.
Con la acusada ya detenida, la investigación continúa en curso y se centra en determinar el alcance total de sus actividades dentro del sistema sanitario chaqueño, así como posibles responsabilidades penales adicionales y eventuales víctimas afectadas por su accionar.
