El diputado provincial Santiago Pérez Pons denunció graves irregularidades en el avance de la causa judicial contra el intendente Bruno Cipolini, en el marco de la investigación por presuntas inversiones financieras con fondos públicos que habrían generado pérdidas millonarias.
El legislador fue más allá y advirtió sobre un posible intento de encubrimiento, al señalar vínculos entre el juez interviniente y el jefe comunal, lo que según afirmó compromete la transparencia del proceso.
El origen del escándalo: inversiones de alto riesgo con fondos públicos
La causa se inició tras la denuncia penal presentada por Pérez Pons contra Cipolini, la secretaria de Economía Alejandra Quintana y el secretario de Gobierno Diego Landriscina, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos municipales en Presidencia Roque Sáenz Peña.
Según la presentación, el Ejecutivo habría colocado dinero del Estado en instrumentos bursátiles de alto riesgo dentro del Mercado Argentino de Valores (MAV), a través de la Bolsa de Comercio del Chaco, sin autorización del Concejo ni respaldo presupuestario específico.
El punto más delicado: esas operaciones se habrían realizado en segmentos “no garantizados”, lo que implica asumir el riesgo directo de empresas privadas. Parte de esos cheques, según la denuncia, fueron rechazados al vencimiento, generando un posible perjuicio económico.
Las estimaciones incluidas en la causa hablan de pérdidas cercanas a los $2.500 millones para el municipio, dentro de un esquema de operaciones que habría generado hasta $12.000 millones en pérdidas en el mercado.
Fondos sensibles y un municipio en déficit
El planteo judicial advierte además que parte del dinero invertido podría haber tenido destino específico, como servicios públicos, programas sociales u obras, lo que agravaría la situación.
Todo esto ocurre en un contexto financiero delicado:
los propios presupuestos municipales proyectan déficits superiores a los $9.200 millones en 2025 y más de $19.000 millones en 2026.
En ese marco, Pérez Pons lanzó una crítica directa:
“¿Cómo puede un municipio con déficit estructural destinar fondos a inversiones especulativas de alto riesgo?”
La polémica judicial: denuncian falta de imparcialidad
En las últimas horas, el conflicto sumó un nuevo capítulo. El diputado denunció que el juez que interviene en la causa fue recusado por su espacio y que existirían vínculos personales y políticos con el intendente.
Según detalló, el magistrado:
- Tendría relación directa con el entorno de Cipolini
- Contaría con vínculos indirectos a través de su pareja con el Ejecutivo municipal
Para Pérez Pons, esto configura un escenario grave:
“El juez no tiene imparcialidad. Quieren tapar los delitos de sus amigos”, disparó.
Intento de apartar a los denunciantes y apelaciones
El legislador también cuestionó la decisión judicial de apartarlo como querellante de la causa, medida que según confirmó ya fue apelada.
En paralelo, la recusación del juez también deberá ser resuelta por instancias superiores.
“La medida está apelada, vamos a seguir siendo parte del proceso”, aseguró.
Advertencia de encubrimiento e impunidad
En tono crítico, Pérez Pons advirtió que existe una maniobra para frenar el avance del expediente:
“Hay una intención clara de entorpecer la causa y garantizar impunidad”, sostuvo.
La defensa del municipio
Desde el entorno del intendente Cipolini aseguran que las operaciones financieras se realizaron dentro del marco legal y que el municipio también habría sido afectado por la operatoria, por lo que analizan acciones para recuperar fondos.
En tanto, desde la Bolsa de Comercio del Chaco explicaron que las inversiones se hicieron en segmentos de mayor riesgo, donde los inversores asumen posibles pérdidas a cambio de mayor rentabilidad.
Qué investiga la Justicia
La causa apunta a determinar si existieron delitos como:
- Malversación de caudales públicos
- Incumplimiento de deberes de funcionario público
- Negociaciones incompatibles con la función pública
Además, se ordenaron medidas para reconstruir el circuito del dinero, analizar las operaciones y establecer si hubo un perjuicio concreto para el Estado municipal.
El caso suma tensión política y judicial en Sáenz Peña, con un expediente que no solo pone bajo la lupa la gestión municipal, sino también el accionar de la Justicia.
