El diputado Esteban Paulón presentó una denuncia judicial por los gastos registrados con tarjetas corporativas de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina, que incluyen consumos en discotecas, peluquerías, free shops y servicios de playa en distintos países.
La causa recayó en el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti, mientras se evalúa una posible unificación con otras denuncias similares.
Gastos en viajes, compras y servicios
Los movimientos, que abarcan el período entre marzo de 2025 y febrero de 2026, fueron detallados en un informe presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso.
Entre los consumos más cuestionados aparecen:
- Extracciones de efectivo por más de $56 millones
- Gastos en peluquerías, perfumerías y tiendas de ropa
- Compras en free shops internacionales
- Pagos en bares, hoteles y servicios de playa en destinos turísticos
La denuncia apunta también contra el ex titular de la empresa, Demian Reidel, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Cómo funciona el sistema de tarjetas
Desde la empresa explicaron que actualmente 103 personas cuentan con tarjeta corporativa: 11 directivos y 92 empleados y técnicos.
Según indicaron:
- El sistema fue implementado en 2020
- Se utiliza para cubrir gastos en misiones oficiales
- Los fondos asignados no requieren justificación detallada de cada consumo
“No hay ninguna ilegalidad”, aseguraron desde la compañía, aunque reconocieron que, en caso de detectar irregularidades, los montos deben ser devueltos.
Viajes y misiones técnicas
Desde Nucleoeléctrica argumentaron que los gastos están vinculados a tareas en el exterior, como:
- Trabajos en centrales nucleares en Brasil
- Proyectos técnicos en España
- Misiones específicas en Corea del Sur
Sin embargo, la amplitud de los consumos generó cuestionamientos sobre el uso discrecional de los fondos públicos.
Polémica y avance judicial
El caso volvió a poner en debate los controles sobre el gasto estatal. Paulón sostuvo que será la Justicia la que determine si hubo delito, pero advirtió:
“De mínima, hay un problema político en el manejo de los recursos”.
La investigación buscará establecer si existieron irregularidades, desvío de fondos o uso indebido de recursos públicos en el marco de estos consumos.
