Diputados analiza este miércoles el proyecto de La Libertad Avanza para limitar el régimen de Zonas Frías. El oficialismo busca aprobarlo la próxima semana en medio de resistencias políticas y preocupación por el impacto tarifario.
La Cámara de Diputados comenzará a debatir este miércoles el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el esquema de subsidios al gas establecido por la ley de Zonas Frías, una iniciativa que podría reducir significativamente la asistencia tarifaria en decenas de ciudades del país.
El oficialismo de La Libertad Avanza pretende obtener dictamen en un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto con el objetivo de llevar el proyecto al recinto el próximo 20 de mayo, en una sesión especial donde también buscará avanzar con otros proyectos considerados prioritarios por la Casa Rosada.
La propuesta mantiene el beneficio pleno únicamente para la Patagonia, Malargüe, la región de la Puna y hogares incluidos dentro del esquema de subsidios focalizados definido por el Gobierno.
En los hechos, el nuevo esquema implica un fuerte recorte sobre el régimen ampliado en 2021, que había incorporado a distintas provincias y municipios del centro y norte del país.
Municipios y provincias que podrían perder beneficios
Entre las zonas que quedarían alcanzadas por la reducción aparecen alrededor de 50 municipios bonaerenses, incluidos Mar del Plata, La Plata, Tandil, Olavarría, Azul, Necochea, Tres Arroyos, Junín y Pergamino.
También perderían parte del beneficio localidades de Córdoba, especialmente en el sur provincial, además de ciudades de Mendoza con excepción de Malargüe, San Juan y San Luis.
La iniciativa además pone en revisión la ampliación aplicada en 2021 sobre regiones de Tucumán, Catamarca y La Rioja, que ahora podrían quedar fuera del esquema subsidiado.
Ese escenario genera preocupación en gobernadores y legisladores provinciales que integran bloques dialoguistas y cuyos distritos serían directamente afectados por el aumento tarifario.
El oficialismo busca aliados
Para lograr dictamen y avanzar hacia la aprobación, La Libertad Avanza necesita reunir apoyos de espacios como Innovación Federal, Provincias Unidas, Producción y Trabajo, Fuerzas del Cambio, Elijo Catamarca e Independencia.
Hasta el momento, ninguno de esos bloques confirmó públicamente su respaldo.
La principal dificultad para el oficialismo es política: muchos de esos legisladores responden a gobernadores que podrían enfrentar un fuerte costo social si el recorte finalmente se aprueba.
Déficit fiscal y segmentación
El Gobierno sostiene que la reforma apunta a reducir el déficit fiscal y corregir desequilibrios dentro del sistema energético.
Según argumenta el Ejecutivo, el recargo del 7,5% que financia el fondo fiduciario de subsidios ya no alcanza para sostener el régimen actual y generó problemas financieros dentro de la cadena de pagos del sector.
En paralelo, el oficialismo busca reemplazar el criterio geográfico por uno más focalizado en variables socioeconómicas.
De acuerdo al nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025, conservarán el beneficio hogares vulnerables, beneficiarios del ReNABap, veteranos de Malvinas y familias con ingresos inferiores a tres canastas básicas totales de un hogar tipo 2, umbral que actualmente ronda los 4,3 millones de pesos.
“El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica, sino también socioeconómica”, sostiene el proyecto oficial.
Cambios en tarifas y energías renovables
Otro de los puntos centrales de la reforma establece que el subsidio dejará de aplicarse sobre el total de la tarifa y pasará a impactar únicamente sobre el precio del gas.
Además, el Gobierno propone que los fondos se transfieran directamente a distribuidoras y subdistribuidoras para evitar atrasos financieros dentro del sistema.
La iniciativa también incorpora mecanismos para regularizar deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, aunque condiciona esos acuerdos a que las empresas desistan de demandas judiciales contra el Estado.
En paralelo, el proyecto extiende hasta 2045 las exenciones impositivas para energías renovables y elimina regímenes de promoción hidrocarburífera y acceso preferencial a divisas aprobados en años anteriores.
El debate promete convertirse en uno de los próximos focos de conflicto político y territorial del Congreso, en un contexto donde el Gobierno intenta profundizar el ajuste fiscal mientras las provincias advierten sobre el impacto social de la suba de tarifas.
