La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal Gerardo Pollicita solicitara la intervención de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), el organismo técnico especializado en peritajes contables complejos.
La causa busca determinar si el funcionario experimentó un crecimiento patrimonial incompatible con los ingresos declarados desde su incorporación al Gobierno nacional a fines de 2023. Según documentación incorporada al expediente, los investigadores detectaron gastos por más de US$408.000 y deudas cercanas a los US$335.000.
Fuentes judiciales señalaron que la DAFI ya comenzó a revisar parte de la información reunida por la fiscalía, mientras continúan agregándose nuevos elementos de prueba. La etapa testimonial concluyó esta semana con la declaración de José Luis Rodríguez, propietario de la vivienda ubicada en el country Indio Cua que Adorni alquiló mientras finalizaban las obras de su casa.
Uno de los focos de atención sigue siendo el patrimonio familiar y los movimientos financieros asociados al entorno del funcionario. En ese contexto, volvió a presentarse en Comodoro Py el contratista Matías Tabar, quien entregó facturas, remitos y conversaciones con proveedores para respaldar los US$245.000 que afirmó haber cobrado por refacciones realizadas en la propiedad.
La investigación también puso bajo análisis un viaje realizado en septiembre de 2025 por Bettina Angeletti, esposa del funcionario, junto a un grupo de amigas a Madrid. Los cálculos preliminares estiman un gasto de entre US$6000 y US$8500 entre pasajes y alojamiento.
Además, la fiscalía analiza consumos cotidianos, expensas y movimientos bancarios del matrimonio, mientras espera información adicional de entidades financieras sobre operaciones con tarjetas y cuentas.
En paralelo, el expediente abrió una línea vinculada al mercado de criptomonedas. Tras detectar movimientos relacionados con activos digitales, la fiscalía envió requerimientos a plataformas virtuales para determinar si Adorni posee billeteras, cuentas o tarjetas asociadas a operaciones cripto.
Entre los bienes bajo revisión figuran dos propiedades: un departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, adquirido por US$230.000, y una vivienda en Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, comprada por US$120.000.
Si el análisis patrimonial detecta inconsistencias relevantes, el fiscal podría avanzar con un requerimiento formal para que el funcionario justifique el origen de los fondos utilizados, paso previo a una eventual declaración indagatoria.
