La Cámara de Diputados dio media sanción a la denominada “Ley Hojarasca”, el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para derogar o modificar 70 leyes que considera obsoletas, burocráticas o sin aplicación práctica. La iniciativa, promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, obtuvo 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones, y ahora deberá ser debatida en el Senado.
Según explicó el oficialismo, el objetivo es reducir regulaciones consideradas innecesarias, eliminar estructuras estatales que perdieron vigencia y simplificar trámites administrativos que, aseguran, afectan el funcionamiento del Estado y del sector privado.
Entre las normas que podrían quedar derogadas aparecen leyes vinculadas a organismos financiados por el Estado, regulaciones sobre medios de comunicación, controles administrativos, beneficios impositivos y disposiciones relacionadas con tecnologías o actividades ya superadas por el tiempo.
Uno de los puntos destacados es la eliminación del financiamiento estatal al Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y a la Federación Argentina de Municipios. También se incluyen normas que, según el Gobierno, afectan libertades individuales o el derecho de propiedad, como leyes que regulaban contenidos musicales en medios, la circulación de legisladores o controles sobre reuniones públicas.
El proyecto además propone derogar leyes históricas consideradas desactualizadas por avances tecnológicos, como regulaciones sobre microfilmación documental, televisión en color o explotación de carbón mineral.
En otro apartado, la iniciativa apunta contra normas calificadas como generadoras de “burocracia innecesaria”, entre ellas disposiciones sobre promoción turística obligatoria, programas estatales específicos, premios nacionales y registros considerados sin utilidad actual.
La propuesta también elimina leyes relacionadas con organismos, fondos o estructuras estatales que ya no existen o quedaron fuera de funcionamiento, algunas de ellas vigentes desde comienzos del siglo XX.
Desde el oficialismo sostienen que la “Ley Hojarasca” forma parte del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno para reducir el tamaño del Estado y simplificar el marco normativo argentino. En cambio, sectores de la oposición cuestionaron la iniciativa al considerar que algunas derogaciones podrían afectar políticas públicas históricas y herramientas de regulación estatal.
Ahora, el proyecto deberá ser tratado en el Senado, donde el Gobierno buscará conseguir la sanción definitiva para avanzar con la eliminación de las normas incluidas en el paquete legislativo.
