Luciano Santos se declaró incompetente al considerar que no existen pruebas suficientes que vinculen a efectivos policiales con la desaparición del joven. La causa pasará ahora al Equipo Fiscal N°14, mientras continúan los rastrillajes en Fontana y Puerto Tirol.
La investigación por la desaparición de Axel Alejandro González registró este miércoles un giro clave luego de que el fiscal de Derechos Humanos, Luciano Santos, resolviera declararse incompetente y apartarse formalmente de la causa.
La decisión quedó plasmada en una extensa resolución judicial en la que el funcionario sostuvo que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para sostener una posible responsabilidad policial en la desaparición del joven ocurrida durante la madrugada del 17 de mayo en Fontana.
De esta manera, el expediente dejará de estar bajo la órbita de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y pasará al Equipo Fiscal N°14, que continuará la investigación bajo una nueva línea de trabajo.
Según reconstruyó Santos en su resolución, Axel González se encontraba junto a Ariel Esteban Lázaro en inmediaciones del barrio La Anunciación cuando ambos habrían advertido la presencia de un móvil policial y comenzaron a correr.
El escrito confirma que el patrullero policial Nissan Frontier N-156 circuló efectivamente por la zona y permaneció detenido durante varios minutos en distintos puntos, situación acreditada mediante registros GPS, libros policiales y cámaras de seguridad de la Comisaría Segunda de Fontana.
Sin embargo, el fiscal sostuvo que las pruebas reunidas hasta el momento no permiten afirmar que Axel haya sido detenido o subido al móvil policial.
Entre los argumentos expuestos en la resolución, Santos señaló que:
- no existen registros oficiales de aprehensión;
- las cámaras de seguridad no muestran el ingreso del joven a ninguna dependencia policial;
- y los perros de la División Canes no detectaron rastros compatibles con Axel dentro de los móviles inspeccionados.
“Hasta este estadío procesal, no existen pruebas fehacientes que los vinculen con su desaparición”, afirmó el fiscal al referirse a los efectivos policiales investigados.
La resolución también hace foco en distintas contradicciones detectadas en testimonios incorporados al expediente, principalmente sobre la persecución ocurrida esa madrugada, la vestimenta que llevaba Axel y versiones sobre una presunta detención que nunca pudo ser corroborada.
Además, la causa avanzó sobre mensajes difundidos desde un perfil de Facebook identificado como “Ángel Gómez”, donde se afirmaba que el joven había sido subido a un patrullero policial.
Tras tareas realizadas por el área de Cibercrimen, la cuenta habría sido vinculada a Agustín Pucheta, quien terminó detenido e imputado dentro de la causa.
A partir de esta nueva etapa investigativa, el foco comenzó a dirigirse hacia conflictos personales y antecedentes de violencia vinculados al entorno de Axel González y familias de Fontana y Puerto Tirol.
El expediente menciona amenazas previas, enfrentamientos armados y viejos conflictos familiares que ahora forman parte de las distintas hipótesis analizadas por la Justicia.
Actualmente permanecen detenidos:
- Antonio Omar Iñiguez
- Leonardo Nicolás Silva
- Ariel Esteban Lázaro
- Agustín Ariel Pucheta
- Lorena Rosario Gómez
- Sergio Ramón Gómez
- Ramón Antonio Gómez
Algunos de ellos fueron imputados por supuesto encubrimiento, mientras que otros enfrentan acusaciones vinculadas a amenazas.
La resolución del fiscal Santos también se conoció en medio de una recusación presentada por los abogados Miguel Barceló y Macarena Barceló Fogar, quienes cuestionaron su imparcialidad y plantearon “enemistad manifiesta” en el marco de actuaciones judiciales previas.
Mientras tanto, la búsqueda de Axel González continúa activa.
Durante este miércoles se realizaron nuevos rastrillajes e inspecciones en distintos sectores de Fontana y Puerto Tirol, aunque sin resultados positivos respecto al paradero del joven.
Desde la coordinación del operativo informaron que las tareas continuarán este jueves con nuevos recorridos y ampliación de las zonas de búsqueda, mientras la nueva fiscalía define los próximos pasos de una causa que sigue generando fuerte conmoción pública y política en el Chaco.
