El diputado nacional Aldo Leiva expresó públicamente su respaldo a las 238 familias adjudicatarias del complejo habitacional de General San Martín luego de conocerse la medida cautelar dictada por la Justicia que suspendió cualquier intento de reasignación de las viviendas.
A través de sus redes sociales, el legislador destacó la lucha que llevaron adelante los beneficiarios y, especialmente, el papel de las mujeres que encabezaron el reclamo para defender sus derechos.
“MUJERES DE MI PUEBLO, MUJERES DE LUCHA. A no bajar los brazos 238 familias. A seguir el ejemplo de estas madres”, publicó Leiva al compartir la noticia sobre el fallo judicial favorable a los adjudicatarios.
Las declaraciones del diputado llegaron después de que el juez Julián Fernando Benito Flores, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 21 de Resistencia, hiciera lugar a una medida cautelar de no innovar presentada por los beneficiarios de las viviendas. La resolución ordena al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) abstenerse de realizar sorteos, nuevas adjudicaciones, cesiones o cualquier trámite que modifique la situación actual de las unidades habitacionales.
El reclamo judicial surgió luego de que los adjudicatarios manifestaran su preocupación por la posibilidad de que el organismo provincial avanzara con una nueva adjudicación, dejando sin efecto la realizada anteriormente.
Entre los beneficiarios se encuentran madres solteras, personas con problemas de salud y familias que aseguran haber cumplido con todos los requisitos exigidos para acceder a una vivienda digna. Durante los últimos meses, realizaron diversas gestiones y presentaciones ante el organismo provincial antes de recurrir a la Justicia.
La medida cautelar representa un importante respaldo para las familias mientras continúa la tramitación de la causa principal, que deberá resolverse mediante una sentencia definitiva.
En ese contexto, el mensaje de Aldo Leiva se sumó a las muestras de apoyo recibidas por los adjudicatarios, quienes consideran que el fallo judicial constituye un paso clave en la defensa de los derechos de las 238 familias involucradas en el conflicto habitacional.
