El Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia habilitó el trámite de un hábeas corpus colectivo preventivo presentado por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que denunció presuntas detenciones arbitrarias y hostigamiento policial contra cuidacoches, limpiavidrios y personas en situación de calle durante operativos de saturación realizados en la capital chaqueña.
La medida fue dispuesta por la jueza subrogante Miriam Raquel Moro, quien solicitó a la Policía del Chaco un informe detallado en un plazo de 48 horas sobre los procedimientos implementados en los últimos meses.
Entre los puntos requeridos por la Justicia figuran las normativas que regulan estos operativos, las directivas judiciales que respaldarían las detenciones y la cantidad de personas demoradas en los últimos seis meses, especificando además las figuras legales aplicadas en cada caso.
La presentación judicial fue impulsada por el presidente del Comité contra la Tortura, Darío Gómez, junto al abogado Alberto Cuéllar, bajo el argumento de que existe un patrón sistemático de persecución y criminalización sobre trabajadores informales y sectores vulnerables que desarrollan actividades en la vía pública.
Debate político y tensión en Resistencia
El avance judicial ocurre en paralelo al debate que mantiene el Concejo Municipal de Resistencia sobre un proyecto de ordenanza que busca prohibir la actividad de cuidacoches y limpiavidrios en la ciudad.
La iniciativa, promovida por concejales oficialistas de la UCR vinculados al intendente Roy Nikisch, sostiene que estas prácticas generan situaciones de intimidación y temor entre automovilistas y vecinos.
El proyecto argumenta además que muchos ciudadanos se sienten obligados a pagar para evitar daños en sus vehículos, lo que consideran una forma de cobro informal no autorizado.
La Defensoría cuestionó el accionar policial
En las últimas horas también se sumó el cuestionamiento de la defensora general adjunta Gisela Gauna Wirz, quien pidió explicaciones formales a la Policía del Chaco luego de la difusión de videos oficiales donde se observan procedimientos contra cuidacoches en distintos puntos de Resistencia.
La funcionaria judicial advirtió que en las imágenes no se identifica con claridad cuál sería la contravención o delito cometido por las personas demoradas.
“Las garantías existen para todos y para evitar abusos. Hoy puede ser un trapito; mañana puede ser cualquier vecino”, señaló la defensora en declaraciones radiales.
Ahora, la Justicia deberá analizar la información requerida a la fuerza policial y resolver si existieron vulneraciones de derechos en los operativos cuestionados.
Litigio
