El Concejo Deliberante de Resistencia no logró el quórum tras la sorpresiva ausencia de una concejal oficialista. El proyecto, respaldado por el gobierno de Leandro Zdero, genera una fuerte polémica entre los reclamos vecinales por seguridad y la alarma de organismos de Derechos Humanos por la vulneración de sectores vulnerables.
Por redacción: Fernando Ojeda.
La fuerte polarización en torno a la regulación del espacio público y la salida laboral informal sumó un nuevo capítulo de tensión en el norte del país. La sesión del Concejo Municipal de Resistencia, en la que se pretendía votar de manera exprés la prohibición total de «trapitos», cuidacoches y limpiavidrios, fracasó debido a la falta de quórum, postergando un debate que mantiene en vilo a la capital chaqueña.
La polémica iniciativa es impulsada por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) y cuenta con el apoyo político estratégico del Ministerio de Seguridad del Chaco, conducido por Hugo Matkovich. La norma apunta a erradicar estas actividades callejeras de toda la ciudad, con especial foco en las zonas donde la intendencia explota el sistema de estacionamiento medido.
Sin embargo, el oficialismo local alineado con la gestión provincial de Leandro Zdero no pudo garantizar la presencia de sus propios legisladores. La sorpresiva ausencia de la edil radical Miriam Jara dejó las bancas vacías, obligando a levantar la sesión mientras en las afueras del edificio municipal se concentraban decenas de trabajadores informales para protestar contra la medida.
El dilema entre la seguridad ciudadana y la subsistencia
La discusión legislativa en Resistencia replica un dilema que recorre a los principales centros urbanos de la Argentina. Por un lado, el oficialismo defiende el sesgo prohibitivo amparándose en las denuncias de los ciudadanos. El concejal de la UCR, Javier Dumrauf, aseguró que la ordenanza responde a un «reclamo sostenido de los vecinos ante situaciones de intimidación, amenazas y conflictos» en la vía pública por parte de algunos sectores que ejercen la actividad de manera coercitiva.
Por el otro, la oposición y los movimientos sociales denuncian que la prohibición es un «parche punitivo» que criminaliza la pobreza sin ofrecer alternativas laborales. «Estábamos todos los concejales de la oposición escuchando la inquietud de esta gente que decía: ‘Hoy no sé qué voy a llevar a mi casa’», señaló el concejal opositor Ángel Sánchez (bloque CER), quien fustigó la falta de voluntad para debatir proyectos alternativos presentados desde 2025 que proponían la creación de un registro municipal de cuidadores, identificados con credenciales y chalecos, sin tarifas obligatorias. «Cuando el Estado no puede regular algo, lo primero que se le ocurre es prohibir», concluyó el edil.
La advertencia de los organismos de Derechos Humanos
El conflicto en Resistencia ya trascendió la escala municipal y encendió las alarmas de las instituciones de control. El Comité para la Prevención de la Tortura de la provincia del Chaco intervino formalmente en las últimas horas expresando su «profunda preocupación» ante posibles vulneraciones de derechos fundamentales si la prohibición avanza de forma unilateral.
El organismo de Derechos Humanos emitió una recomendación institucional urgente al Concejo Deliberante para exigir que la medida sea congelada hasta que se convoque a audiencias públicas y mecanismos de participación ciudadana. Desde el Comité remarcaron que el Estado no puede avanzar en la supresión de estas formas de subsistencia sin un plan complementario de contención social y reconversión laboral para las familias afectadas.
Con la sesión caída y las posiciones cada vez más radicalizadas, la capital chaqueña se convierte en el nuevo termómetro de la crisis social, donde la parálisis de la actividad económica y la falta de empleo formal chocan de frente con las políticas de control del espacio público.
