Una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal apunta contra funcionarios del gobierno de Javier Milei por un supuesto esquema de desfinanciamiento y vaciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad.
La presentación judicial involucra al ministro de Economía Luis Caputo, al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, al vocero y jefe de Gabinete Manuel Adorni y a autoridades del organismo vial, acusados de presunta malversación de fondos públicos, fraude e incumplimiento de deberes de funcionario.
La denuncia fue impulsada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional y sostiene que cerca de 400.000 millones de pesos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos —fondos que por ley deben destinarse exclusivamente al mantenimiento y desarrollo de rutas— habrían sido desviados hacia operaciones financieras y compra de títulos públicos para sostener las cuentas del Tesoro.
Alertan por el deterioro de las rutas y el “colapso inducido”
Según el escrito presentado ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°7, la falta de inversión ya provoca un fuerte deterioro en rutas nacionales y pone en riesgo la seguridad vial en distintos corredores estratégicos del país.
La denuncia advierte que la paralización de obras, la ausencia de mantenimiento preventivo y el abandono de banquinas y calzadas podrían derivar en costos de reconstrucción mucho mayores en el corto plazo.
Además, se cuestiona la paralización de proyectos financiados con créditos internacionales y el impacto que esto genera sobre provincias y economías regionales.
Acusan un “vaciamiento técnico” del organismo
El gremio también denunció una supuesta política de reducción deliberada del personal técnico especializado dentro de Vialidad Nacional, mediante jubilaciones forzadas, traslados y despidos.
Según la presentación, estas medidas tendrían como objetivo debilitar los controles internos y facilitar un esquema de privatización y concesiones viales.
“La red vial nacional está en estado de abandono”, sostiene la denuncia, que además alerta sobre riesgos crecientes de accidentes por pozos, deformaciones y falta de señalización.
La Justicia deberá determinar responsabilidades
La causa quedó en manos de la Justicia Federal, que ahora deberá analizar si existió desvío ilegal de recursos públicos y determinar la eventual responsabilidad penal de los funcionarios denunciados.
Mientras tanto, sectores técnicos y organizaciones vinculadas a usuarios viales advirtieron que el deterioro de las rutas podría impactar directamente sobre la producción, el transporte y la seguridad de millones de personas en todo el país.
P12
