El exjefe de Gabinete tiene plazo hasta este miércoles para responder ante el fiscal federal Gerardo Pollicita por las diferencias detectadas entre sus ingresos, gastos y operaciones patrimoniales desde su llegada al Gobierno en diciembre de 2023.
Manuel Adorni deberá presentar ante la Justicia sus explicaciones sobre una serie de inconsistencias detectadas en la evolución de su patrimonio, luego de un informe técnico que cruzó sus declaraciones juradas con información bancaria, registros inmobiliarios, operaciones con activos virtuales y movimientos migratorios.
El plazo para realizar el descargo vence este miércoles, después de que el juez federal Ariel Lijo aceptara una prórroga de 15 días hábiles solicitada por la defensa del exfuncionario. El objetivo fue permitirle acceder a la documentación incorporada al expediente y preparar su respuesta.
El requerimiento fiscal se originó a partir de un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que consta de 207 fojas.
La diferencia entre ingresos y gastos
Según el análisis incorporado a la causa, entre diciembre de 2023 y junio de 2026 el grupo familiar de Adorni registró ingresos por aproximadamente $229,7 millones, mientras que los gastos relevados alcanzaron unos $272,8 millones.
La diferencia, cercana a $43,1 millones, constituye uno de los principales puntos que deberá explicar ante la Justicia.
A esto se suman operaciones en moneda extranjera por unos US$402.578, vinculadas, según el informe, con operaciones inmobiliarias, refacciones, mobiliario, alquileres y viajes al exterior.
Inmuebles, dólares y operaciones en efectivo
Otro de los puntos bajo análisis es el origen de los dólares en efectivo que Adorni incorporó a sus declaraciones juradas mediante rectificaciones y que atribuyó a la venta de activos.
La fiscalía solicitó precisiones sobre qué bienes fueron vendidos, cuándo se realizaron las operaciones, quiénes fueron los compradores y cuál fue la trazabilidad de los fondos obtenidos.
También deberá explicar el origen del dinero utilizado para la compra de un lote en el country Indio Cuá y los gastos destinados a la remodelación de la propiedad. En particular, el informe puso el foco en pagos en efectivo al contratista Matías Tabar, por aproximadamente US$245.000.
La investigación también incluye la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito y el dinero utilizado para adquirir el mobiliario. La fiscalía busca determinar cómo fueron financiadas esas operaciones y por qué algunas erogaciones aparecen vinculadas patrimonialmente con su esposa, Bettina Angeletti.
Criptomonedas y movimientos bancarios
El requerimiento judicial abarca además préstamos declarados con familiares, la compra de una camioneta Jeep, gastos realizados durante viajes al exterior y determinados consumos que habrían sido abonados mediante terceras personas.
En paralelo, la Justicia solicitó información a plataformas de activos virtuales para reconstruir operaciones con criptomonedas y determinar el origen de los fondos utilizados. Adorni había declarado públicamente que poseía criptoactivos desde antes de ingresar a la función pública.
El informe también detectó movimientos en cuentas bancarias que, según el requerimiento, no estarían vinculados con ingresos salariales provenientes del Estado. Por ese motivo, el exfuncionario deberá precisar el origen de esos depósitos y de otros fondos incluidos en sus declaraciones juradas.
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