En la República Argentina, bajo el imperio de la Constitución Nacional, la justicia no puede vestirse de militante ni responder a apetencias ideológicas o partidarias. Cuando un juez vulnera la Carta Magna para alinearse con un proyecto político circunstancial o utiliza su estrado como una trinchera ideológica, quebranta el pacto republicano más sagrado: la imparcialidad. Para ponerle un límite institucional a este atropello existe el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
¿Cómo funciona el Jury en el sistema argentino?
De acuerdo con el Artículo 115 de la Constitución Nacional y las leyes reglamentarias, el Jury de Enjuiciamiento es el órgano encargado de juzgar a los jueces de los tribunales inferiores de la Nación. Previamente, es el Consejo de la Magistratura el que debe instruir la acusación y promover la apertura del proceso.
Este jurado es un cuerpo plural y federal integrado por jueces, legisladores nacionales y abogados de la matrícula federal que evalúa la conducta del magistrado. No cumple una función penal carcelaria en esa instancia, sino de responsabilidad política e institucional, determinando si el magistrado mantiene la idoneidad y la probidad exigidas para administrar justicia en nombre de la sociedad argentina.
La toga no otorga impunidad: La gravedad de juzgar por conveniencia política
La inamovilidad de la que gozan los jueces argentinos por mandato constitucional no es un privilegio feudal ni un cheque en blanco para actuar con arbitrariedad, sino una garantía que subsiste exclusivamente mientras dure su buena conducta.
Cuando un magistrado tuerce el sentido del derecho positivo, acomoda la ley a los intereses del poder de turno (o de sectores corporativos y opositores) o utiliza sus fallos para montar operaciones de persecución y encubrimiento, deja de ser un juez de la Nación para transformarse en un usurpador de la legalidad.
Ese accionar encuadra de lleno en la causal de «mal desempeño» contemplada por la ley suprema. No se necesita la comisión de un delito penal con condena firme para destituir a un juez; basta con la ineptitud ética, el desconocimiento inexcusable de la Constitución o la flagrante pérdida de independencia para justificar su expulsión del Poder Judicial.
«Un magistrado que falla con la camiseta partidaria puesta viola el juramento solemne de respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, dinamitando la confianza pública en las instituciones argentinas.»
Sostener la República exige depurar la Justicia
La politización de la justicia degrada la vida democrática del país. Activar los resortes del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento para remover a aquellos jueces que cambian la ley por la especulación política no constituye un ataque a la independencia judicial, sino su defensa más vigorosa.
Sanear los tribunales argentinos de quienes anteponen la lealtad partidaria a la supremacía constitucional es una condición indeclinable para que la ley sea igual para todos y la República siga de pie.