La Cámara de Apelaciones del Trabajo cruzó con dureza al Ejecutivo provincial por presentar un proyecto sin metas claras ni porcentajes de recomposición. Este jueves habrá un nuevo round judicial con el gremio docente para destrabar el conflicto generado por el freno a la cláusula gatillo.
La pulseada por el bolsillo docente en la provincia entra en una semana caliente. La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo puso contra las cuerdas al Ejecutivo provincial y convocó a una audiencia de conciliación para este jueves 29 entre el Gobierno y la Federación Sitech.
El trasfondo de la citación es un nuevo capítulo judicial que desnuda la improvisación oficial: la Justicia advirtió que el proyecto legislativo enviado por la administración de Leandro Zdero es un cascarón vacío que elude cualquier compromiso real con los haberes de los trabajadores de la educación.
Un proyecto de ajuste que elude los números
El conflicto estructural se originó tras la interrupción unilateral de la cláusula gatillo, el mecanismo automático que actualizвал trimestralmente los salarios docentes de acuerdo a la inflación oficial medida por el IPC. Ante el reclamo gremial y el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el Gobierno se vio obligado a redactar una propuesta normativa para encauzar la controversia.
Sin embargo, lejos de dar certidumbre, el texto oficial elevado a la Legislatura dejó más dudas que certezas y desató el rechazo judicial:
- Cero precisiones: El proyecto del Ejecutivo se limita a enumerar variables macroeconómicas como la coparticipación federal, la recaudación y el gasto en personal pero no fija ninguna pauta concreta de recomposición ni detalla qué índice se utilizará para recomponer los salarios durante el próximo período.
- Adiós a la indexación: El texto descarta de plano la indexación automática y condiciona de forma absoluta cualquier suba futura a la disponibilidad financiera y al «equilibrio fiscal», pateando la aplicación formal del régimen recién para el ejercicio presupuestario 2027.
El ultimátum de la Cámara
La jugada oficial no pasó desapercibida para las juezas Silvia Suárez y Silvana Gómez, quienes le recordaron al Ejecutivo que se le había otorgado un plazo perentorio de 30 días hábiles a través del interlocutorio 103 del pasado 8 de mayo para enviar un proyecto acorde a los lineamientos de la sentencia 70/26 emitida por el STJ el 18 de marzo.
Para el tribunal, la iniciativa del Gobierno carece de la densidad institucional requerida para dar cumplimiento a un fallo de máxima instancia, ya que enuncia intenciones financieras pero esquiva el bulto del mecanismo de actualización salarial que exige la ejecución de la sentencia.
Pulso político y judicial abierto
La audiencia de este jueves se desarrollará en ese clima de alta tensión, con el oficialismo acorralado por el control de legalidad que ejerce la Justicia sobre las obligaciones incumplidas, mientras los gremios docentes mantienen firme el reclamo por la pérdida de poder adquisitivo frente a la motosierra económica.
Mientras la provincia insiste en subordinar los salarios a la caja disponible y postergar las soluciones de fondo, la pulseada en los tribunales laborales demuestra que la disputa por la pauta salarial docente está más abierta que nunca y amenaza con profundizar el malestar en las aulas chaqueñas.