El exjefe de Gabinete presentó ante el juez federal Ariel Lijo un escrito de 78 páginas en el que respondió los 20 puntos planteados por el fiscal Gerardo Pollicita en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Su defensa justificó el origen de sus ahorros en criptomonedas, detalló gastos y adquisiciones y explicó las rectificaciones de sus declaraciones patrimoniales.
Manuel Adorni presentó ante el juez federal Ariel Lijo la documentación con la que busca explicar la evolución de su patrimonio durante el período en el que ocupó cargos en el gobierno de Javier Milei.
El escrito, de 78 páginas y presentado por su abogado Matías Ledesma, responde al requerimiento formulado por el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Ahora, la documentación deberá ser analizada por el magistrado.
La defensa sostuvo que no existe “enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación” y buscó responder a las diferencias detectadas por la fiscalía entre los ingresos acreditados del grupo familiar y los gastos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos registrados entre diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, cuando Adorni dejó la Jefatura de Gabinete.
La diferencia que detectó la fiscalía
El requerimiento fiscal, de 207 páginas, planteó veinte puntos que el exfuncionario debía aclarar.
Según la reconstrucción incorporada al expediente, la fiscalía contabilizó ingresos lícitos por $229.752.283,20, frente a egresos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos por $272.820.832,20, además de US$402.578,12.
La diferencia establecida en esa primera reconstrucción fue de $43.068.549.
La defensa intentó relativizar ese desfasaje y señaló que representa el 15,8% de los egresos reconstruidos y el 18,7% de los ingresos lícitos. Lo definió como una “brecha residual” y sostuvo que un informe contable incorporado como anexo permitirá explicar parte de las partidas que todavía no habían sido conciliadas.
La explicación sobre los ahorros en Bitcoin
Uno de los principales puntos abordados por la defensa fue el origen de los dólares declarados como ahorros y consignados bajo el rubro “venta de activos”.
Según el escrito, no se trató de la venta de un inmueble ni de otro bien físico, sino de la liquidación de ocho billeteras de Bitcoin, por un total de US$591.544,61.
Para respaldar esa explicación, la defensa incorporó un informe técnico sobre activos virtuales y una escritura notarial destinada a acreditar el control de las direcciones analizadas.
De acuerdo con el planteo de los abogados, Adorni pudo demostrar mediante la firma de mensajes con las respectivas claves privadas que las ocho billeteras le pertenecían.
La defensa sostuvo además que esas direcciones registraron actividad exclusivamente entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018 y que actualmente no conservan saldo.
Con ese argumento, busca demostrar que se trataba de activos constituidos y posteriormente liquidados varios años antes de que Adorni ingresara a la función pública, en diciembre de 2023.
El escrito señala que las primeras compras de Bitcoin comenzaron en 2014 y que más del 99% del capital destinado a esa operatoria se concentró en 2017, mediante operaciones en efectivo y encuentros personales con compradores y vendedores, en un contexto en el que la infraestructura de exchanges era diferente a la actual.
Qué pasó con el dinero en efectivo
La defensa también explicó que parte de esos fondos fue conservada en efectivo y posteriormente utilizada para afrontar gastos, inversiones y adquisiciones durante el período investigado.
En uno de los cuadros incorporados a la presentación se detalla la evolución de los ahorros declarados en efectivo: pasaron de US$513.000 al cierre de 2023 a US$388.961,52 al cierre de 2024 y luego a US$209.961,52 al cierre de 2025.
Entre las aplicaciones consignadas aparecen gastos relacionados con la casa de Indio Cuá, la compra de un inmueble, viajes y el pago de deudas.
Las declaraciones juradas rectificativas
Otro de los puntos que la defensa buscó aclarar fue el de las declaraciones juradas patrimoniales que fueron posteriormente rectificadas.
Según el escrito, las correcciones fueron realizadas antes de que Adorni recibiera el requerimiento fiscal y antes de una eventual fiscalización de ARCA.
Los abogados también señalaron que el exfuncionario pagó las obligaciones tributarias derivadas de las rectificaciones y que, según su planteo, no existe constancia de una observación por parte del organismo recaudador.
En ese contexto, la defensa incorporó una declaración pública previa de Adorni en la que reconoció un error en la exposición de su patrimonio y manifestó: “Creo que tengo que pagar todo lo que corresponde”.
También recordó que el exfuncionario había expresado su disposición a pagar “hasta el último peso de impuesto”, además de las multas e intereses que correspondieran.
Los abogados utilizan esas declaraciones como parte de su argumento para sostener que no existió una intención de ocultar información patrimonial.
Gastos realizados con tarjetas de otras personas
El descargo también abordó consumos que aparecieron asociados a tarjetas o cuentas de terceros.
Según la defensa, se trató de operaciones realizadas por familiares, amigos o colaboradores que posteriormente habrían reintegrado el dinero.
Entre los testimonios citados aparece el de Gisela Kocsis, quien explicó que en determinadas compras se encargaba de realizar el pedido o gestionar la operación, mientras que Bettina Angeletti efectuaba el pago.
También fue mencionado el caso de Luis Enrique Aluju, quien, según el escrito, utilizó una extensión de la tarjeta de crédito de Adorni y posteriormente canceló sus propios consumos.
La presentación señala que esa operatoria incluyó compras de celulares, lavarropas, televisores y computadoras, pero sostiene que los gastos fueron finalmente abonados por el usuario de la extensión.
Las obras en el Country Indio Cuá
Otro de los capítulos de la presentación está relacionado con las obras realizadas en el Country Indio Cuá.
La defensa incorporó un informe técnico de parte que cuestiona distintos componentes de la documentación utilizada para reconstruir el costo de los trabajos.
Entre las observaciones mencionadas figura una diferencia de US$40.000 entre una planilla de gastos y el monto declarado por el contratista, además de inconsistencias vinculadas con fechas, comprobantes y materiales.
Respecto del departamento ubicado en la calle Miró, los abogados también explicaron la diferencia entre las valuaciones declaradas por Adorni y su esposa.
Según el descargo, la diferencia de $92.625.000 estaría vinculada con una obligación asumida por Adorni de pagar US$62.500 por mejoras realizadas en el inmueble.
Cuestionamientos al análisis de las criptomonedas
La defensa también cuestionó parte de la evidencia utilizada para vincular determinadas direcciones de criptoactivos con Adorni.
En particular, planteó objeciones sobre la utilización de herramientas de análisis blockchain cuyos algoritmos, según los abogados, no serían públicos ni podrían ser replicados por los peritos de parte.
Además, señalaron que algunas de las direcciones analizadas por la SIFRAI no fueron atribuidas de manera directa a una persona.
Estos planteos forman parte de la estrategia de la defensa para discutir la metodología utilizada en la reconstrucción patrimonial y diferenciar las operaciones efectivamente vinculadas con Adorni de aquellas cuya atribución considera insuficientemente acreditada.
La causa queda ahora bajo análisis del juez
Con la presentación de 78 páginas, la defensa respondió los puntos planteados por el fiscal Pollicita y aportó documentación contable, técnica y patrimonial para respaldar su explicación sobre el origen y destino de los fondos cuestionados.
El escrito sostiene que las diferencias detectadas pueden ser explicadas y que los activos de mayor relevancia, entre ellos los ahorros provenientes de Bitcoin, se originaron antes de su ingreso a la función pública.
Ahora será el juez federal Ariel Lijo quien deberá analizar la documentación presentada junto con el resto de las pruebas incorporadas al expediente y determinar cómo continúa la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.