Según informó el periodista Roberto Espinoza, el trabajador fue rescatado en el puente Chaco-Corrientes por la intervención de los denominados «Ángeles del Puente».
Una situación de extrema preocupación sacude al ámbito de la administración pública chaqueña. El Gobierno de la Provincia del Chaco habría dispuesto la cesantía de un empleado de planta permanente que se desempeñaba bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación.
De acuerdo con la información difundida por el periodista Roberto Espinoza, el argumento utilizado para justificar la desvinculación habría sido la acumulación de «faltas injustificadas», pese a que el trabajador atravesaría problemas de salud mental.
La noticia de su despido habría desencadenado una situación dramática. Según relataron compañeros del agente, tras conocer la decisión administrativa, el hombre se dirigió al puente General Belgrano, que une las provincias del Chaco y Corrientes, con intenciones de quitarse la vida.
Afortunadamente, la intervención de los llamados «Ángeles del Puente» habría permitido evitar una tragedia. Su actuación fue determinante para rescatar al trabajador en un momento de extrema vulnerabilidad.
UN CASO QUE EXIGE EXPLICACIONES
El episodio abre interrogantes sobre los procedimientos administrativos utilizados para disponer la cesantía y, fundamentalmente, sobre los mecanismos de acompañamiento y asistencia que deben existir para los trabajadores estatales que atraviesan problemas de salud mental.
¿Se conocía la situación personal y sanitaria del empleado? ¿Se evaluaron sus antecedentes médicos? ¿Hubo intervención de los organismos de salud laboral y de las áreas de asistencia correspondientes antes de disponer su despido?
Son preguntas que las autoridades provinciales deberían responder.
Más allá de las cuestiones administrativas, detrás de este caso hay una persona cuya situación merece atención, respeto y asistencia profesional.
La salud mental no puede quedar reducida a un expediente administrativo. Y una decisión laboral de semejante impacto exige que se conozcan todas las circunstancias del caso.
La sociedad chaqueña espera explicaciones oficiales y, sobre todo, que se garantice la protección y el acompañamiento del trabajador involucrado.