La Cámara de Diputados sancionó la reforma del Código Procesal Penal con 27 votos a favor. Desde la oposición acompañaron el proyecto, pero advirtieron que la reiterancia ya estaba contemplada y reclamaron al Gobierno provincial que ahora demuestre resultados en materia de seguridad.
Después de varias semanas de cruces políticos y un intenso debate legislativo, la Cámara de Diputados del Chaco aprobó este miércoles la denominada Ley de Reiterancia, una reforma del Código Procesal Penal que busca otorgar mayor peso a la existencia de múltiples causas penales abiertas al momento de analizar medidas de coerción y prisiones preventivas.
La votación terminó mostrando un amplio consenso: 27 legisladores votaron a favor, dos se abstuvieron y una diputada pidió que el proyecto permanezca en cartera. En total estuvieron presentes 30 diputados, mientras que otros dos estuvieron ausentes.
Las abstenciones correspondieron a Analía Flores y Rodolfo Schwartz, mientras que Teresa Cubells solicitó la permanencia en cartera. El resto de los presentes acompañó la iniciativa, incluidos legisladores de distintos sectores de la oposición.
De esta manera, el oficialismo logró convertir en ley uno de los proyectos vinculados a la seguridad que el gobernador Leandro Zdero había colocado entre las prioridades de su gestión.
¿Qué cambia con la Ley de Reiterancia?
Uno de los principales puntos de discusión durante la sesión fue determinar qué modifica concretamente la nueva legislación, debido a que la reiteración de la actividad delictiva ya estaba contemplada en el artículo 289 del Código Procesal Penal chaqueño.
La diferencia planteada por los impulsores de la reforma radica en que la nueva redacción busca establecer una definición específica de reiterancia y darle un peso concreto al momento de evaluar medidas de coerción y prisión preventiva.
La reforma modifica disposiciones de la Ley 965-N, Código Procesal Penal del Chaco, y establece que existe reiterancia delictiva cuando una persona registra más de un proceso penal en trámite en los que haya sido formalmente imputada por hechos reprimidos con pena privativa de la libertad.
Esta circunstancia deberá ser evaluada junto con los demás elementos de cada causa al momento de decidir las medidas procesales correspondientes.
Sin embargo, la nueva figura no significa que una persona sea considerada culpable por tener varias causas abiertas. El principio de inocencia continúa vigente hasta que exista una sentencia firme. La modificación establece que la existencia de varios procesos en trámite tendrá un peso expresamente contemplado al analizar si corresponde mantener a una persona en libertad durante el proceso.
Gyöker defendió la reforma y apuntó contra la “puerta giratoria”
El presidente del interbloque oficialista, Iván Gyöker, fue uno de los principales defensores de la iniciativa y presentó la reforma como una respuesta a un reclamo social vinculado a la denominada “puerta giratoria”.
“Siempre escuchaba a la gente hablando de la puerta giratoria en la Justicia, hablando de que los delincuentes entraban, salían como si nada y volvían a delinquir”, sostuvo durante su intervención.
Gyöker también presentó cifras que atribuyó al análisis de la situación de seguridad en el área metropolitana. Según afirmó, el 85% de los delitos registrados en el Gran Resistencia serían cometidos por personas en situación de reiterancia, mientras que el tiempo promedio entre una detención y otra sería de 49 días.
El legislador vinculó la nueva norma con las políticas de seguridad impulsadas por la administración de Zdero y defendió la necesidad de otorgar nuevas herramientas al sistema judicial.
“Nosotros no queremos ser unos relatores de la realidad”, afirmó, al sostener que la Legislatura tenía la posibilidad de avanzar con una herramienta destinada a enfrentar la reiteración delictiva.
La oposición acompañó, pero le pasó la responsabilidad al Gobierno
El proyecto también consiguió el respaldo de buena parte de la oposición. Sin embargo, los cuestionamientos políticos no estuvieron ausentes.
El presidente del bloque justicialista, Nicolás Slimel, confirmó que una amplia mayoría de su espacio acompañaría la iniciativa y aseguró que nunca habían planteado un rechazo al proyecto.
“Nosotros nunca hemos manifestado nuestra oposición a este proyecto”, afirmó.
Slimel cuestionó, en cambio, el modo en que el oficialismo llevó adelante la discusión durante las semanas previas y acusó al Gobierno de utilizar políticamente el debate sobre seguridad.
“No nos pusimos a discutir sobre la seguridad, sino que hicieron política con la inseguridad de todos los chaqueños”, sostuvo.
El legislador también remarcó que la reiterancia ya estaba contemplada dentro de la legislación chaqueña, particularmente en el artículo 289 del Código Procesal Penal.
Sin embargo, confirmó el acompañamiento y lanzó una advertencia directa al Ejecutivo provincial:
“Van a tener la ley, van a tener la herramienta y también van a tener la responsabilidad ante todos los chaqueños de demostrar que esto efectivamente va a servir para mejorar la seguridad”.
Pérez Pons advirtió por posibles cuestionamientos constitucionales
El diputado Santiago Pérez Pons también acompañó la reforma, aunque planteó reparos respecto de algunos de sus alcances.
El legislador recordó que la legislación provincial ya contemplaba la reiteración de la actividad delictiva y sostuvo que no debía instalarse la idea de que el Chaco incorporaba por primera vez esta figura.
Además, advirtió que otorgarle a la reiterancia un carácter autónomo para justificar restricciones a la libertad podría generar eventuales cuestionamientos de constitucionalidad.
Pérez Pons también cuestionó la falta de una participación más profunda del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, organismos que tendrán a su cargo la aplicación concreta de la nueva normativa.
A pesar de sus reparos, decidió acompañar la iniciativa bajo el argumento de que contar con mayores herramientas puede resultar útil para fiscales y jueces.
El mensaje hacia el Ejecutivo fue similar al expresado por Slimel: con la herramienta aprobada, ahora la responsabilidad de demostrar resultados en seguridad recae sobre el Gobierno provincial.
Cavana ironizó: “Una ley de reiterancia reiterada”
La diputada Pía Chiacchio Cavana también acompañó el proyecto, aunque cuestionó que se presentara como una novedad absoluta.
“Hoy vamos a tratar una ley de reiterancia reiterada”, ironizó durante el debate, en referencia a que el concepto ya estaba contemplado en el Código Procesal Penal chaqueño.
Cavana sostuvo que una modificación legislativa, por sí sola, no resolverá el problema de la inseguridad y reclamó que la discusión incluya otras cuestiones como la prevención policial, los recursos destinados a las fiscalías, los tiempos de investigación, la infraestructura penitenciaria y las condiciones de detención.
En ese sentido, llevó al recinto datos atribuidos al Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y señaló que existen 1.267 personas alojadas en dependencias policiales con capacidad para 759.
La situación, según planteó, genera además que efectivos policiales deban ser destinados a tareas de custodia en lugar de cumplir funciones de prevención.
“Van a tener la ley”, sostuvo Cavana, aunque reclamó al Ejecutivo que explique cuál será el plan para reducir los delitos y afrontar las consecuencias que podría generar una utilización más intensa de la prisión preventiva.
Zdero consiguió la herramienta que reclamaba
Con la sanción de la Ley de Reiterancia, el Gobierno provincial consigue una de las herramientas legislativas que había colocado dentro de su agenda de seguridad.
La votación también dejó expuesto un dato político: pese a las fuertes diferencias entre oficialismo y oposición, la reforma obtuvo un respaldo legislativo amplio.
Ahora comenzará la etapa más importante: la aplicación de la nueva normativa y la evaluación de sus resultados.
El oficialismo sostiene que la ley permitirá combatir la denominada “puerta giratoria” y darle mayor peso a los antecedentes procesales de quienes enfrentan múltiples causas.
La oposición, en cambio, acompañó la reforma pero dejó planteado un desafío concreto al gobernador Leandro Zdero: la herramienta ya está aprobada y ahora deberá demostrar si efectivamente se traduce en una mejora de la seguridad de los chaqueños.
