Seis años después de los hechos ocurridos en el barrio Banderas Argentinas, comenzó el juicio oral por la violencia policial denunciada contra cuatro jóvenes de la comunidad qom. Los efectivos están acusados por distintos delitos, entre ellos detenciones y allanamientos ilegales, vejaciones agravadas, falsedad ideológica y encubrimiento.
Este lunes comenzó en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia el juicio oral y público contra diez policías acusados por los hechos de violencia ocurridos contra cuatro jóvenes de la comunidad qom en Fontana, durante la madrugada del 31 de mayo de 2020.
El tribunal está integrado por Dolly Fernández, quien ejerce la presidencia, Cristina Pisarello y Ernesto Azcona. La acusación está a cargo del fiscal de Derechos Humanos Luciano Santos.
El proceso judicial busca determinar las responsabilidades de los efectivos involucrados en un operativo que tuvo lugar en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y que generó una fuerte repercusión nacional por las denuncias de violencia policial y discriminación contra integrantes de la comunidad indígena.
Qué ocurrió aquella madrugada
Según la acusación, alrededor de las 4.30 del 31 de mayo de 2020, un grupo de policías ingresó violentamente a la vivienda sin una orden judicial y redujo a varios integrantes de la familia.
Entre las personas detenidas había cuatro jóvenes de la comunidad qom, incluida una adolescente. La investigación sostiene que durante el procedimiento se produjeron empujones, golpes de puño, patadas y golpes con armas de fuego.
La versión policial sostenía en aquel momento que los efectivos buscaban a personas que presuntamente habían arrojado piedras contra una dependencia policial.
Los jóvenes fueron trasladados posteriormente a una comisaría, donde, de acuerdo con las denuncias incorporadas a la causa, habrían continuado las agresiones y se habrían producido insultos de carácter racista.
También fueron denunciadas amenazas y otros hechos de extrema gravedad, entre ellos el presunto uso de alcohol y amenazas de prender fuego a las víctimas. La investigación incorporó además una denuncia de abuso sexual.
Los hechos quedaron parcialmente registrados por cámaras de seguridad de la dependencia policial y algunas imágenes de la violencia posteriormente se difundieron a través de las redes sociales, provocando conmoción a nivel nacional.
Diez policías llegan al banquillo
La causa investiga distintos delitos, entre ellos detención y allanamiento ilegales, vejaciones agravadas, falsedad ideológica agravada y encubrimiento, con diferentes imputaciones para los diez efectivos que serán juzgados.
En junio de 2020, la Fiscalía de Derechos Humanos había imputado y ordenado detener a cuatro policías. Semanas después, el entonces jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, y el subjefe Ángel Domínguez, presentaron sus renuncias, luego de que el Gobierno provincial resolviera que los uniformados involucrados no regresaran a prestar servicio.
Amnistía Internacional acompaña a las víctimas
Amnistía Internacional Argentina acompaña el proceso judicial y en 2022 se presentó como amicus curiae en la causa.
La organización sostiene que los hechos deben ser investigados considerando las obligaciones del Estado en materia de prevención, investigación y sanción de la tortura y otros malos tratos, además de los estándares internacionales de protección de los pueblos indígenas.
“La adecuada investigación, calificación y sanción de estos delitos es un elemento imprescindible para garantizar justicia”, afirmó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
La organización señaló además que, seis años después de los hechos, las víctimas y la comunidad qom continúan esperando una respuesta judicial acorde con la gravedad de las denuncias.
El contexto de discriminación
El caso también fue observado por organismos internacionales. En junio de 2020, representantes de Naciones Unidas en Argentina expresaron preocupación por los hechos y señalaron la necesidad de analizar el posible componente de discriminación racial en el operativo.
Los representantes de la ONU remarcaron entonces que la actuación policial debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además de la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
También plantearon la necesidad de considerar la situación histórica de marginación e invisibilización que atraviesan los pueblos indígenas y analizar la eventual persistencia de patrones discriminatorios dentro de las instituciones de seguridad.
Cómo continúa el juicio
El debate continuará con nuevas audiencias previstas para los días 13, 14 y 15 de octubre, además del 27 y 28 de octubre, y el 3 y 12 de noviembre, según el cronograma informado para el proceso.
El acceso de la prensa será restringido: los medios podrán tomar imágenes únicamente durante los minutos previos al inicio de cada audiencia.
El juicio representa una instancia central para determinar, después de seis años, qué ocurrió durante aquel operativo, cuál fue la responsabilidad de cada uno de los policías acusados y si las denuncias de violencia y discriminación contra los jóvenes qom pueden ser acreditadas judicialmente.