El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad y el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna por el operativo del 6 de agosto. Pidió investigar posibles abusos de autoridad, apremios ilegales y el accionar de policías de civil armados durante la protesta.
El operativo de seguridad desplegado frente al Congreso durante la manifestación contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada quedó bajo investigación judicial. El abogado Gregorio Dalbón denunció penalmente a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y al comisario inspector de la Policía Federal Argentina, Gustavo Antonio Gauna.
La presentación también alcanza a los funcionarios y efectivos de las fuerzas federales que pudieran resultar responsables por su actuación durante la jornada del 6 de agosto.
Entre los delitos que se busca investigar figuran abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, vejaciones y apremios ilegales.
Investigan a un policía de civil y armado
Uno de los principales puntos de la denuncia está relacionado con imágenes difundidas durante el operativo, en las que presuntamente aparece el comisario Gauna vestido de civil, portando un arma larga y efectuando disparos.
Dalbón pidió determinar qué arma utilizó, qué munición llevaba, quién autorizó su portación, qué función tenía asignada y bajo qué órdenes actuaba.
Además, solicitó que el efectivo sea apartado preventivamente de sus funciones mientras avance la investigación.
El planteo también busca establecer si la presencia de policías de civil y armados formaba parte del dispositivo de seguridad planificado por las autoridades o si se trató de una actuación individual que excedió las órdenes impartidas.
Un operativo con cientos de efectivos
Según la denuncia, alrededor de 820 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura participaron del operativo desplegado en las inmediaciones del Congreso.
La presentación sostiene que la movilización comenzó de manera pacífica y que posteriormente las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los manifestantes.
El operativo incluyó, según el escrito, gases irritantes, proyectiles de goma, camiones hidrantes y desplazamientos físicos.
La denuncia también pone el foco en las agresiones que habrían sufrido trabajadores de prensa durante los incidentes.
Entre los casos mencionados figura el de una fotógrafa que habría sufrido un traumatismo craneal. También se incorporaron registros audiovisuales de otros periodistas que habrían recibido impactos de proyectiles.
También apuntan a la ministra de Seguridad
La presentación judicial busca determinar qué responsabilidad pudo haber tenido Alejandra Monteoliva en la planificación y ejecución del operativo.
Dalbón sostuvo que la ministra, como máxima autoridad política del área de Seguridad, debe ser investigada para establecer si desde su cartera se impartieron, autorizaron o toleraron órdenes incompatibles con las normas que regulan el uso de la fuerza.
La denuncia aclara que no atribuye automáticamente a la funcionaria responsabilidad por cualquier conducta individual de los agentes, sino que solicita determinar qué decisiones fueron adoptadas desde la conducción política y policial antes, durante y después de la movilización.
La pregunta clave: ¿quién autorizó a los policías de civil?
Uno de los principales objetivos de la investigación será determinar si estaba prevista la participación de personal vestido de civil en el operativo y, en caso afirmativo, quién la autorizó y bajo qué normativa.
La denuncia solicita al Ministerio de Seguridad que informe si esa modalidad estaba contemplada, cuál era su finalidad y si esos agentes estaban autorizados a portar y eventualmente utilizar armas de fuego durante la manifestación.
En cuanto a Gauna, se pide a la Policía Federal que precise si estaba afectado al operativo, qué función tenía, quién era su superior inmediato y qué autoridad ordenó o autorizó su participación.
También se solicita conocer si tenía asignada un arma de fuego y, en ese caso, cuál era, su calibre, número de serie, cantidad de munición entregada y los registros de eventuales disparos efectuados durante la jornada.
El uso de armas de fuego, bajo la lupa
La presentación invoca la Resolución 125/2024 del Ministerio de Seguridad, que establece el Reglamento General para el Empleo de las Armas por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad.
Según la denuncia, la normativa establece que las armas deben utilizarse únicamente cuando resulte estrictamente necesario y que las armas de fuego sólo pueden emplearse cuando otros medios no violentos resulten ineficaces y bajo determinadas circunstancias.
Por eso, plantea que si se confirma que Gauna utilizó un arma de fuego mientras estaba vestido de civil y sin identificarse como funcionario, deberá determinarse si su accionar se encontraba dentro de las excepciones previstas por la reglamentación.
La presentación aclara que la vestimenta civil, por sí sola, no determinaría la ilegalidad del procedimiento, sino que deberá establecerse si al momento de utilizar el arma se cumplieron las condiciones sustantivas y formales exigidas por las normas sobre el empleo de la fuerza.
Qué delitos se denuncian
La presentación plantea, en principio, la posible comisión de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, previstos en el artículo 248 del Código Penal.
También menciona posibles vejaciones y/o apremios ilegales, contemplados en el artículo 144 bis, inciso 2°, además del artículo 249, referido al funcionario que ilegalmente omite, rehúsa hacer o retarda un acto propio de su función.
El denunciante sostiene que la investigación deberá determinar si las órdenes impartidas durante el operativo fueron legales y si los efectivos actuaron dentro de los límites de sus funciones.
La presentación advierte que la existencia de una orden superior no convierte automáticamente en legítimo cualquier acto ejecutado en su cumplimiento.
Piden cámaras, órdenes, armas y comunicaciones
Para avanzar con la investigación, la denuncia solicita una batería de medidas de prueba.
Entre ellas, que el Ministerio de Seguridad entregue el operativo completo, sus anexos, modificaciones, órdenes complementarias e instrucciones, además de identificar a los funcionarios que participaron de su elaboración, aprobación, coordinación y supervisión.
También pide a la Policía Federal todos los registros audiovisuales del operativo, incluidas cámaras corporales, cámaras instaladas en vehículos y registros de los centros de monitoreo.
A su vez, solicita las cámaras de seguridad del Congreso y los archivos originales de fotografías y videos de medios de comunicación, con especial atención a las imágenes que permitan determinar la actuación de Gauna y del personal de civil armado.
Finalmente, se solicita tomar declaración testimonial a periodistas, fotógrafos, camarógrafos, manifestantes y otras personas que hayan presenciado los hechos.
Pidieron la indagatoria de Monteoliva y Gauna
Como medida final, Dalbón pidió que Alejandra Monteoliva y Gustavo Antonio Gauna sean citados a prestar declaración indagatoria.
El pedido figura expresamente en el petitorio de la denuncia, junto con la solicitud de producir las distintas medidas de prueba propuestas.
Ahora será la Justicia la que deberá analizar la presentación, determinar si corresponde avanzar con las medidas solicitadas y establecer, a partir de las pruebas reunidas, si existieron irregularidades o delitos durante el operativo de seguridad frente al Congreso.
Ambito
