La política convertida en un ring de boxeo berreta donde lo que menos importa es la realidad social. Mientras el gobernador Leandro Zdero sale a los gritos con el micrófono en la mano a repartir carnets de sabiondo y a chicanear a la oposición con frases hechas para desviar el eje de discusión, la provincia de Chaco camina a paso firme hacia un colapso humanitario que ya no se puede esconder debajo de la alfombra. El mandatario prefiere calzarse el traje de panelista indignado y tildar de pícaros a quienes le marcan las costuras rotas de su administración, olvidando un detalle menor: el que gobierna es él, y los calabozos provinciales son una bomba de tiempo a punto de estallar por los aires.
El informe lapidario del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) deja al desnudo la desidia oficial con números implacables que liquidan cualquier relato. Al cierre del período evaluado, se registraron 1.267 personas alojadas en dependencias policiales que contaban con una capacidad oficial informada de apenas 759 plazas, lo que representa una escandalosa sobrepoblación del 66,9% (508 personas por encima de lo declarado). Para colmo de males, la cantidad de detenidos en seccionales ya superó a la de las propias unidades penitenciarias provinciales, que albergaban a 1.263 personas.
A este panorama dramático se le suma el uso excesivo de la prisión preventiva, donde muchas personas pasan meses o incluso años esperando un juicio o una sentencia firme, alimentando de manera artificial el hacinamiento. Las repetidas políticas de mano dura y las leyes de seguridad que aumentan penas o restringen excarcelaciones impulsadas por el oficialismo se aplican sin ampliar previamente la capacidad física de los penales. A esto se le suma una crítica falta de presupuesto, con gobiernos que demoran sistemáticamente la construcción o el mantenimiento de nuevos pabellones y alcaidías.
La comisaría, un espacio concebido teóricamente para una estadía transitoria de setenta y das horas, se transformó bajo esta gestión en una cárcel clandestina e improvisada donde los detenidos se pudren durante más de un año entre paredes oscuras, sin ventilación, sin salud y completamente despojados de cualquier atisbo de dignidad humana. El guarismo chaqueño duplica con absoluta comodidad el promedio de sobrepoblación policial a nivel nacional, que se ubicó en el 32,2%.
Lo más grave de esta pantomima es la hipocresía estructural con la que se pretende encubrir el problema. El gobernador se enoja con la reiterancia y agita discursos encendidos sobre mano dura y proyectos de endurecimiento legal, pero en los hechos condena a la fuerza policial a cumplir un rol para el que jamás fue preparada. Convirtió a la policía en un servicio penitenciario trucho, obligando a los agentes a improvisar como cuidadores en comisarías destruidas, mientras el Ejecutivo se gasta el presupuesto y las horas en cruces de comité. Echarle la culpa a los dieciséis años anteriores no borra el presente calamitoso que administra su propia gestión. Al final del día, el tan mentado cambio choca violentamente contra la pared de la incompetencia: gritan mucho desde los estrados, reparten culpas hacia el pasado, pero la provincia se les deshilacha en el fondo de los calabozos ante la mirada cómplice de un Estado que prefiere la chicana antes que hacerse cargo de los derechos humanos básicos.
