La oratoria oficialista en la provincia del Chaco suele golpear con fuerza sobre la necesidad de terminar con la impunidad y la llamada «puerta giratoria». El gobernador Leandro Zdero ha hecho de la seguridad, el orden público y el endurecimiento de las leyes de reiterancia estandartes centrales de su administración. Sin embargo, la teoría punitivista tropieza de manera escandalosa cuando los hilos de la tragedia rozan los vínculos sanguíneos del poder.
El trasfondo del conflicto expone una simetría insostenible: mientras el mandatario exige castigos implacables y rejas automáticas para quienes delinquen en la calle, su propio hermano, Horacio «Chuleta» Zdero, atropelló y mató a un peatón al mando de su camioneta en la localidad de Quitilipi y no pasó ni un minuto detenido tras las rejas.
Los hechos en Quitilipi: velocidad, muerte y libertad
El trágico suceso ocurrió en la madrugada del sábado sobre el acceso Juan Domingo Perón de la localidad de Quitilipi. Una camioneta Ford Ranger blanca, conducida por Horacio Zdero (de 57 años), embistió violentamente a un peatón un obrero de la zona identificado popularmente como «Pinta», quien falleció de forma instantánea a causa de un traumatismo encéfalo craneano grave.
Tras la intervención de la policía local y de la División Tránsito, se le practicó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado negativo (0,00 g/l) supuestamente. No obstante, la causa quedó inmediatamente bajo la órbita de la Fiscalía N° 3, a cargo del fiscal Marcelo Soto, quien caratuló el expediente de forma preliminar como homicidio culposo en accidente de tránsito.
Bajo los parámetros técnicos habituales del Código Procesal para esta clase de delitos culposos al no registrarse dolo ni intencionalidad de matar, el imputado fue notificado de la formación de la causa pero continuó en absoluta libertad mientras avanzan los peritajes de rigor. Por su parte, el gobernador se limitó a publicar un mensaje institucional en sus redes sociales expresando dolor y señalando que el caso debe transcurrir «sin distinción alguna».
La doble vara: la ley del embudo para la política
El punto de fricción no radica en una falla técnica del accionar de la fiscalía que aplicó los mecanismos habituales previstos para cualquier ciudadano involucrado en un siniestro vial sin agravantes de alcohol o fuga, sino en la hipocresía discursiva de la clase dirigente.
El discurso para la tribuna: Desde la administración provincial se agita permanentemente un relato punitivista que condena la flexibilidad de la justicia y exige leyes de reiterancia para que ningún infractor transite los procesos en libertad. Se alimenta la idea de que «el que las hace, las paga» de forma inmediata.
La realidad de los privilegios: Sin embargo, cuando la muerte y la negligencia al volante golpean el árbol genealógico del poder político, los rigores discursivos se difuminan. La «puerta giratoria» se cuestiona con fiereza para el delincuente común, pero se justifica con tecnicismos procesales y apego a las garantías legales cuando el protagonista lleva el apellido del gobernador.
La paradoja deja al desnudo un problema ético profundo: la exigencia de mano dura y severidad institucional pierde toda autoridad moral cuando se aplica selectivamente hacia afuera, mientras los círculos íntimos del poder se benefician de las garantías y los tiempos pausados que la propia política se encarga de cuestionar a diario.
