La abogada boliviana Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, fue baleada en Santa Cruz de la Sierra y permanece internada fuera de peligro. Desde la clínica donde se recupera, señaló a su expareja como presunto responsable de haber contratado a los atacantes y realizó fuertes declaraciones sobre supuestos vínculos de Cerimedo con sectores del poder político argentino y boliviano.
En diálogo con LA NACION, Beller afirmó que durante la relación que mantuvo con Cerimedo, desde diciembre pasado hasta el lunes, él le habría contado detalles sobre negocios y situaciones irregulares dentro del Gobierno argentino.
Según su relato, Cerimedo le habría dicho que Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, estaba involucrada en hechos de corrupción. Se trata, sin embargo, de una acusación formulada por Beller a partir de conversaciones privadas que atribuye a su expareja y que deberán ser corroboradas por la Justicia.
La mujer también aseguró que Cerimedo consideraba que el entorno presidencial argentino estaba “demasiado podrido” y que esa situación habría influido en su alejamiento del mandatario.
La denuncia por los audios de Spagnuolo
Beller también se refirió a los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que derivaron en una investigación por presuntas coimas.
De acuerdo con su testimonio, Cerimedo le habría asegurado que los audios eran reales y que fueron filtrados con el objetivo de evitar que los hechos investigados quedaran impunes.
Beller sostuvo además que Natalia Basil, esposa de Cerimedo y exintegrante de la ANDIS, habría participado en la filtración y que, según la versión que recibió de su pareja, decidió posteriormente alejarse de la función pública.
Presuntos negocios y dinero en Bolivia
La abogada también realizó acusaciones sobre las actividades económicas de Cerimedo en Bolivia. Afirmó que, según lo que él mismo le habría contado, recibía dinero relacionado con presuntos hechos de corrupción del gobierno boliviano y que posteriormente esos fondos serían enviados o blanqueados en Argentina mediante diferentes empresas.
Beller aseguró que Cerimedo le hablaba de ingresos cercanos a los 800.000 dólares mensuales y que habría visto grandes cantidades de dinero en el departamento que compartían.
Estas afirmaciones forman parte del testimonio de Beller y, hasta el momento, no constituyen por sí mismas una prueba judicial sobre los hechos denunciados.
El ataque y la detención de Cerimedo
La expareja de Cerimedo relató que el lunes fue convocada a un encuentro en un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Según contó, quienes supuestamente iban a proporcionarle información sobre un presunto ataque relacionado con Evo Morales nunca llegaron al lugar.
Beller afirmó que se encontraba hablando por teléfono con Cerimedo cuando fue atacada a balazos y le quitaron el celular.
La mujer sostuvo que fue el propio Cerimedo quien la había convencido de permanecer en el hotel, argumentando que se trataba de un lugar seguro debido a la presencia de cámaras.
Tras el ataque, Beller logró comunicarse nuevamente con él desde la clínica y, según su versión, le preguntó directamente si había sido responsable del atentado. Aseguró que Cerimedo negó haber intentado matarla y le manifestó que la amaba.
Sin embargo, poco después, Cerimedo fue detenido en el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando presuntamente intentaba abandonar Bolivia. Los investigadores sospechan que pretendía trasladarse primero a La Paz y luego viajar hacia Argentina.
La investigación continúa
Beller permanece internada y manifestó temor por su seguridad. También afirmó que está embarazada de cuatro meses y que el padre del bebé es Cerimedo. Según relató, los médicos le informaron que el embarazo no corre peligro.
Mientras la investigación avanza, las acusaciones de Beller abren nuevos interrogantes alrededor de Cerimedo, sus actividades políticas y empresariales y sus vínculos con dirigentes argentinos y bolivianos.
Las declaraciones sobre presunta corrupción y sobre la participación de funcionarios o dirigentes políticos deberán ser investigadas y eventualmente corroboradas por las autoridades competentes. Por ahora, se trata de acusaciones y testimonios que forman parte de una causa que continúa en desarrollo.
