El subayudante Luciano Rafael Brito fue imputado por cohecho pasivo, mientras que un interno quedó detenido por cohecho activo. La investigación apunta a un presunto acuerdo para introducir los dispositivos a cambio de dinero.
Un agente del Servicio Penitenciario de Córdoba fue detenido y acusado de participar en una maniobra para ingresar cinco teléfonos celulares al Complejo Penitenciario N.º 1 Reverendo Padre Luchesse, conocido como cárcel de Bouwer.
La medida fue ordenada por la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Franco Mondino, que imputó al subayudante Luciano Rafael Brito por el delito de cohecho pasivo. También fue detenido el interno Nicolás Kademian, acusado de cohecho activo.
Cómo se descubrió la maniobra
Según la información oficial del Servicio Penitenciario, el caso salió a la luz a partir de los controles internos que se realizan de manera permanente en el establecimiento carcelario.
De acuerdo con la investigación, Kademian, alojado en el módulo MX1, habría acordado con el agente el ingreso de los cinco dispositivos a cambio de una suma de dinero.
La hipótesis judicial sostiene que Brito habría recibido los teléfonos de personas que todavía no fueron identificadas en inmediaciones de la rotonda Las Flores, en el cruce de las avenidas Armada Argentina y Vélez Sarsfield, en la zona sur de la ciudad de Córdoba.
La entrega de los celulares y el dinero
Uno de los hechos centrales de la investigación habría ocurrido el 19 de octubre, alrededor de las 13, cuando el subayudante se encontraba de servicio en el módulo MX1.
En esas circunstancias, presuntamente habría entregado los cinco teléfonos al interno y recibido de este otros 510.000 pesos en efectivo, correspondientes al saldo de un pago acordado previamente.
Durante el procedimiento también se secuestró dinero que estaba dentro del automóvil utilizado por el penitenciario. En total, los investigadores incautaron 1.221.250 pesos.
Los cinco dispositivos secuestrados eran teléfonos Samsung y no tenían tarjetas SIM ni memorias extraíbles.
La postura del Servicio Penitenciario
Desde el organismo informaron que el procedimiento fue llevado adelante por directivos del módulo y personal de las áreas de Investigaciones, Análisis e Inteligencia, que reunieron elementos y dieron intervención a la Justicia.
A través de un comunicado, el Servicio Penitenciario sostuvo que no tolerará actos de corrupción ni conductas que vulneren los deberes y responsabilidades de sus integrantes.
La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que busca determinar las circunstancias del presunto acuerdo e identificar a las personas que habrían participado en la entrega de los dispositivos.